Sentencia desestima iniciativa del presidente Surum Hernández y establece límites para la auditoría
Santo Domingo. – En una sentencia, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha decidido que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) puede ser auditado por la Cámara de Cuentas, desestimando así una iniciativa del actual presidente Surum Hernández que buscaba lo contrario.
Aunque el Tribunal Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad presentada por el CARD contra el artículo 74 de la Ley 3-19, que rige este gremio, la decisión del alto tribunal establece que la Cámara de Cuentas puede auditar los recursos del CARD que provengan del Presupuesto Nacional, excluyendo sus actividades privadas.
La sentencia, contenida en la Comunicación Núm. 91/23, determina que los recursos ordinarios manejados por el CARD no estarán sujetos al escrutinio de la Cámara de Cuentas.
Según el dispositivo, el artículo 74 de la Ley Núm. 3-79 se modificará de la siguiente manera: "Artículo: 74.- Fiscalización y control de los fondos. Los fondos provenientes de las contribuciones reguladas por esta ley estarán sujetos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana cuando los mismos tengan su origen en el patrimonio público o en el Presupuesto General del Estado".
El CARD, además de recibir fondos de impuestos de contribuyentes, obtiene recursos a través de las contribuciones de sus miembros. Durante varios años, la entidad se ha resistido a ser auditada por el organismo encargado del control de recursos públicos, argumentando que no tiene la autoridad para hacerlo.
En un comunicado de prensa, Surum Hernández afirmó que los ingresos, estados financieros y la gestión de recursos del gremio se publican mensualmente en su página institucional. También destacó que firmas privadas de renombre han realizado auditorías anuales, confirmando un uso adecuado y transparente de los fondos.
Sin embargo, la gestión de Surum Hernández ha sido objeto de críticas por algunos de sus colegas, quienes lo han acusado de malversar los recursos del CARD. Entre los críticos se encuentran el exprocurador fiscal Gregory Castellanos Ruano, el abogado Mártires Salvador Pérez y la Fundación Justicia Integral (Funjustin), presidida por Rafael Ruiz Mateo.
A pesar de las críticas, Surum Hernández deja su cargo como presidente del CARD "con la frente en alto y la satisfacción del deber cumplido en materia de modernización, transformación, capacitación, servicio social y, sobre todo, defensa de los derechos de los abogados y abogadas de la República Dominicana" durante los siete años de su mandato. La elección de su sucesor, Trajano Vidal Potentini, está actualmente en disputa legal.
