Exvicepresidente Alburquerque y la Fuerza del Pueblo reclaman transparencia en la distribución de tarjetas de asistencia social
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República Dominicana y prominente figura política, ha levantado serias acusaciones contra el actual gobierno de Luis Abinader y su partido, el PRM. En una reciente conferencia de prensa, Alburquerque denunció la implementación de lo que denominó “operación bono por voto”, una táctica que, según él, busca influir en los votantes a través de la distribución de bonos de asistencia social.
Durante el evento, organizado por la Fuerza del Pueblo, Alburquerque presentó un informe detallado que cuestiona la transparencia del gobierno de Abinader. Según el exvicepresidente, la administración actual ha retrocedido de una gestión transparente a una de "opacidad total".
El informe señala una discrepancia significativa entre el número de hogares en situación de pobreza y la cantidad de tarjetas emitidas para el Bono Navideño y otros programas de asistencia, sugiriendo una posible manipulación electoral.
El informe destaca que, aunque solo se reconocen oficialmente 594,270 hogares en condición de pobreza extrema y moderada, el gobierno ha emitido un total de 4,010,432 tarjetas de asistencia, incluyendo 2.5 millones para el Bono Navideño. Alburquerque cuestionó la necesidad de esta cantidad excesiva de tarjetas, implicando que podrían ser utilizadas para influir indebidamente en las elecciones.
Además, se criticó la decisión del gobierno de eliminar los nombres y números de cédula de los beneficiarios en las tarjetas de Supérate y del Bono Navideño, lo que, según Alburquerque, podría conducir a un uso indebido de estos recursos.
La conferencia también reveló la creación de un sistema paralelo para la emisión y administración de estas tarjetas, operado desde el Banco de Reservas.
En respuesta a estas preocupaciones, la Fuerza del Pueblo ha anunciado dos medidas inmediatas: un exhorto a la Junta Central Electoral para establecer una “veda electoral” que limite la entrega y activación de tarjetas, y una solicitud al Banco de Reservas para un informe detallado sobre la distribución y activación de estas tarjetas.
Estas acusaciones y medidas subrayan la tensión política en la República Dominicana en vísperas de las elecciones municipales y presidenciales, y plantean serias preguntas sobre la integridad del proceso electoral.
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