UASD y Coalición denuncian intento de estafa multimillonaria en áreas protegidas.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Comisión Ambiental, junto con la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas, ha puesto al descubierto una presunta trama fraudulenta en torno al Parque Nacional Sierra de Bahoruco. Según las acusaciones, individuos no identificados están intentando obtener indemnizaciones millonarias del Estado, presentándose falsamente como propietarios del 70% de los terrenos del parque.
La alarmante revelación se hizo durante una conferencia de prensa en la UASD, encabezada por Luis Carvajal, presidente de la Comisión Ambiental de la universidad, y el doctor Eleuterio Martínez, presidente de la Academia de Ciencias. Ambos líderes resaltaron la gravedad de la situación y la necesidad de una acción inmediata.
A pesar de que la Ley sectorial de áreas protegidas (202-04) contempla compensación para propietarios legítimos, los reclamos actuales, que ascienden a miles de millones de pesos, se basan en títulos de propiedad cuestionables. Carvajal enfatizó que ya se han presentado al menos siete demandas contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas ellas por parte de dos individuos que alegan ser propietarios de casi el 70% de los 1,100 kilómetros cuadrados del parque.
- Por su parte, el doctor Martínez informó que la coalición ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, marcando el inicio de un esfuerzo conjunto para la salvaguarda del Parque Sierra de Bahoruco. Además, instó a las autoridades y al sistema judicial a profundizar las investigaciones sobre este presunto fraude.
Los miembros de la coalición, que incluyen a la Fundación Acción Verde, el Grupo Jaragua, la Fundación Moscoso Puello y la Sociedad Ecológica del Cibao, también hicieron un llamado a la Jurisdicción Inmobiliaria para que se detenga la vulneración de los bloqueos registrales impuestos por ley en estas áreas protegidas.
Este caso pone en evidencia la creciente preocupación por la protección del medio ambiente en la República Dominicana, resaltando la importancia de una vigilancia constante y una acción decisiva para prevenir el enriquecimiento ilícito y la explotación indebida de los recursos naturales del país.
