Magistrado Eduardo Sánchez Ortiz, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
Santo Domingo, – Los jueces de los departamentos judiciales de Santo Domingo y San Pedro de Macorís han asumido un compromiso fundamental: garantizar una justicia oportuna y sin discriminación, respetando la dignidad de todos como un derecho fundamental. Este compromiso fue expresado por el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Catalina Ferrera Cuevas, jueza presidenta del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste.
Ambos magistrados destacaron las transformaciones en curso en el Poder Judicial de la República Dominicana para ofrecer un servicio que respete y proteja los derechos y la dignidad de las personas. La visión de justicia que comparten implica un compromiso con la eliminación de la mora judicial, un acceso universal y una justicia transparente.
El magistrado Sánchez Ortiz enfatizó el compromiso del Departamento Judicial de Santo Domingo de cumplir al 100% las metas establecidas para el año 2024. La transparencia se destaca como un pilar fundamental para generar confianza en el sistema judicial. Para ello, han implementado la carga de todas las decisiones judiciales en un sistema de gestión de casos, lo que permitirá la digitalización de las decisiones para garantizar la máxima transparencia en las operaciones.
En relación al acceso a la justicia, el magistrado destacó el uso de la firma digital como herramienta clave para agilizar la aprobación de sentencias y decisiones administrativas, lo que reduce los tiempos y garantiza la seguridad y transparencia en el proceso.
Por su parte, la magistrada Catalina Ferrera Cuevas subrayó la importancia de que los servidores públicos ejerzan sus funciones con trato digno e igualitario hacia todas las personas que buscan servicios judiciales. Se refirió a las políticas y programas implementados por el Poder Judicial para mejorar el acceso a la justicia para personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo la Guía de Trato Digno y su Protocolo de implementación, que promueve la ausencia total de discriminación.
En los próximos dos años, el Poder Judicial tiene una agenda llena de desafíos, incluyendo la celebración del World Law Congress en 2025 y la Presidencia y secretaría Pro Tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, así como la Cumbre Judicial Iberoamericana. Estos eventos consolidarán a la República Dominicana como un punto de encuentro para expertos en ciencias jurídicas a nivel mundial.
El mensaje final es claro: el Poder Judicial de la República Dominicana está comprometido con una justicia transparente, equitativa y sin discriminación, y está trabajando incansablemente para lograrlo.
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