Candidato presidencial advierte sobre potenciales violaciones a la Constitución y derechos ciudadanos con nueva ley de inteligencia.
SANTO DOMINGO, República Dominicana — Abel Martínez, candidato a la presidencia y ex presidente de la Cámara de Diputados, ha expresado una firme oposición al proyecto de ley que busca instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reemplazando el actual Departamento Nacional de Investigaciones. Martínez califica la propuesta legislativa de inconstitucional y retrógrada, alegando que representa una amenaza a los derechos ciudadanos y un paso hacia prácticas dictatoriales.
En un comunicado de prensa, Martínez critica duramente el Artículo 9 del proyecto de ley, que otorgaría al DNI facultades para realizar investigaciones sin órdenes judiciales ni participación del Ministerio Público. Este hecho, según él, constituye una violación flagrante de la privacidad, contraviniendo el artículo 54 de la Constitución dominicana.
Además, hace referencia al Artículo 27, que impondría sanciones a quienes divulguen información relacionada con investigaciones del DNI. Martínez cuestiona la legalidad y justicia bajo la cual el DNI actuaría, temiendo que opere al margen de la ley y reportándose únicamente al Poder Ejecutivo.
El candidato presidencial sostiene que la propuesta legislativa podría llevar al país a una era de violaciones de derechos, caracterizada por intervenciones telefónicas sin control y detenciones arbitrarias sin el debido proceso legal. Aboga por la asignación de un juez especial para supervisar este tipo de peticiones, enfatizando la necesidad de cumplir y hacer cumplir la ley.
Finalmente, Martínez insta a que el proyecto sea retirado del Congreso, sugiriendo que primero se apruebe una Ley de Seguridad y Defensa que abarque todos los aspectos de la seguridad nacional e inteligencia. Subraya la importancia de modificar la ley del DNI para que esté en consonancia con los principios constitucionales y propone un diálogo inclusivo con todos los sectores preocupados por las posibles violaciones constitucionales que el proyecto podría implicar.
