El Ministerio Público de Santo Domingo presenta evidencias contra el rapero en caso de violencia intrafamiliar y maltrato a mujeres.
SANTO DOMINGO, República Dominicana — En un giro significativo en el caso contra el conocido rapero Daniel Hernández, alias Tekashi 6ix9ine, el Ministerio Público ha solicitado este viernes la imposición de una medida de coerción, concretamente prisión preventiva por un año. Hernández es acusado en hechos relacionados con violencia de género e intrafamiliar.
La fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, declaró tras depositar la instancia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que se ha presentado un escrito probatorio en busca de la medida de coerción.
“La violencia contra las mujeres es un fenómeno criminal y social complejo, y es nuestra obligación como órgano persecutor continuar con la acción penal incluso si las víctimas se retractan”, enfatizó Villa Camacho.
Villa Camacho detalló que el caso ha sido calificado jurídicamente como violación a la Ley 24-97, artículos 309-1 y 309-2, resaltando la presentación de diversos hechos ocurridos tanto en el país como en el extranjero. “Vamos a probar la violencia habitual, reiterada y todas las formas de maltrato recibidas por las víctimas”, indicó la fiscal.
La investigación del Ministerio Público revela que Hernández ejerció violencia verbal, física y psicológica contra la también rapera Georgina Guillermo, conocida como Yailín La Más Viral. El documento presentado por el Ministerio Público consta de 15 páginas con elementos de pruebas periciales, documentales y testimoniales.
Hernández fue arrestado el pasado miércoles 17 de enero bajo la orden judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero. Ha sido trasladado al Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional.
La directora nacional contra la Violencia de Género reiteró que, aunque la víctima desista del proceso, el Ministerio Público proseguirá con el caso, subrayando su carácter de orden público. En el proceso de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público estuvo representado por Villa Camacho y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
