Alertan sobre posibles violaciones a derechos fundamentales.
Santo Domingo, 21 de enero de 2024: La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, ha expresado su firme rechazo a la recién promulgada Ley 1-24, que instituye la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la República Dominicana. Esta ley, diseñada para proteger los intereses nacionales y evaluar amenazas internas y externas, ha generado preocupación por su posible interpretación y aplicación, que podría resultar en violaciones a los derechos fundamentales.
La controversia se centra principalmente en el poder conferido al presidente de la República, quien bajo esta ley, tiene control total sobre el Sistema Nacional de Inteligencia. Este sistema, coordinado por la DNI, tiene como misión proporcionar información estratégica para la seguridad nacional, pero estará bajo la dependencia directa del presidente, quien también nombrará al director de la entidad.
Entre las facultades asignadas al DNI se incluye la investigación de cualquier actividad que se considere una amenaza para los intereses nacionales, las instituciones del Estado, o que subvierta el estado de derecho y comprometa la seguridad nacional. ADOCCO advierte sobre el riesgo de que estas capacidades se utilicen de manera arbitraria, dada la discrecionalidad con que se pueden interpretar estos conceptos.
La organización también señala que la ley podría ser utilizada para reprimir protestas o reclamos ciudadanos, vulnerando derechos protegidos por la Constitución y las leyes del país. Una cláusula particularmente controvertida es el artículo 11, que obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información al DNI bajo autorización judicial. ADOCCO argumenta que esta facultad, tradicionalmente asignada al ministerio público por la Constitución dominicana, es inconstitucional en este nuevo contexto.
La ley, que otorga amplios poderes al DNI, ha suscitado un debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad y libertad, y sobre la integridad de los derechos fundamentales en la República Dominicana.
