Santo Domingo. El ex procurador general de la República y destacado miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, ha emitido una crítica contundente hacia la recién promulgada Ley que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), denunciándola como un "adefesio jurídico" y un grave retroceso en la protección de los derechos individuales en la República Dominicana.
En declaraciones dadas durante su participación en el programa "A Primera Hora", Domínguez Brito expresó su preocupación por los aspectos autoritarios de la ley, enfatizando que otorga al DNI un poder desmedido para acceder a información tanto pública como privada de entidades estatales y empresas, violando así principios fundamentales de la Constitución y la libertad de expresión.
“Estamos ante una situación alarmante donde una institución, sin los debidos mecanismos de control, se erige en un supra poder con la capacidad de investigar a todos los ciudadanos”, señaló el ex procurador, subrayando el riesgo de corrupción y extorsión que esta ley podría generar. Además, advirtió sobre el peligro de que la DNI y otras autoridades, incluso no militares, puedan emplear la ley como un instrumento de chantaje.
En una crítica directa al Presidente Luis Abinader, Domínguez Brito lo exhortó a actuar con “cordura y humildad”, recordándole que su mandato es temporal y que debe priorizar el bienestar de la nación y de las generaciones futuras sobre su orgullo personal. “Está haciendo un daño enorme a las libertades individuales en nuestro país, no solo a los partidos opositores, sino a toda la nación”, añadió.
El jurista destacó que la nueva ley también otorga al presidente de la República la competencia administrativa exclusiva para decidir qué casos de corrupción gubernamental serán investigados, lo que representa un conflicto de intereses significativo.
Finalmente, Domínguez Brito hizo un llamado a la Procuraduría General de la República para que tome medidas inmediatas, dada la gravedad de la situación y las potenciales violaciones a los derechos fundamentales que la ley implica. Insistió en la necesidad de derogar la ley, calificándola como una amenaza directa a la democracia y la libertad de expresión en la República Dominicana.
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