La organización aboga por reformas urgentes para proteger la intimidad y derechos fundamentales
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – La reconocida organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, ha expresado su profunda preocupación respecto a la Ley No. 1-24, señalando que la actual redacción de la ley podría infringir derechos constitucionales fundamentales relacionados con la intimidad y la libertad de expresión.
La entidad subraya que, según la constitución dominicana, cualquier solicitud de información personal por parte de agentes de inteligencia requiere una autorización judicial previa. Sin embargo, la redacción actual de la Ley No. 1-24, especialmente en su artículo 11, deja abierta la posibilidad de obtener información sin cumplir este requisito esencial, lo que representa una amenaza potencial para el derecho a la intimidad.
Participación Ciudadana insiste en que la ley debe ser reformada de inmediato para incluir de manera explícita la necesidad de autorización judicial en casos de solicitud de información por parte de agentes de inteligencia. Argumentan que la ambigüedad en un tema tan delicado como los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión es inaceptable. Esto incluye la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes.
La organización también destaca la necesidad de revisar otros artículos de la Ley 1-24, como el artículo 26 sobre sanciones penales y el artículo 30, para asegurar que no se impongan sanciones sin la debida autorización judicial previa. Además, enfatiza la importancia de definir claramente el campo de actuación del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) para evitar interferencias con las funciones del Ministerio Público.
En un contexto más amplio, Participación Ciudadana ve este debate sobre la Ley No. 1-24 como una oportunidad para reforzar la conciencia sobre los derechos fundamentales en la República Dominicana. La organización, con más de 30 años defendiendo los derechos ciudadanos y actualmente enfocada en la observación electoral, rechaza cualquier intento de politizar este debate y afirma su compromiso inquebrantable con la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Este llamado a la reforma llega en un momento crucial, donde la sociedad civil y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la protección de las libertades democráticas. Participación Ciudadana espera que el Tribunal Constitucional actúe en favor de la interpretación más proteccionista de los derechos fundamentales, en caso de que la ley no sea reformada. Con este posicionamiento, la organización refuerza su rol como guardián de los derechos ciudadanos en la República Dominicana.
