Ministerio Público objeta fallo sobre el rapero estadounidense por considerarlo insuficiente ante la gravedad de los hechos.
SANTO DOMINGO (República Dominicana) – El Ministerio Público anunció este jueves su intención de apelar las medidas de coerción dictadas por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en contra del rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi o 6ix9ine, implicado en delitos de violencia de género e intrafamiliar.
La jueza Veloz impuso a Hernández una serie de restricciones, incluyendo una fianza de 30 mil pesos, prohibición de salida del país, comparecencias bimestrales ante el Ministerio Público, y la obligación de someterse a vigilancia y asistir a charlas en el Centro Conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta. Además, dictó una orden de protección a favor de las víctimas, prohibiendo cualquier forma de acoso o amenaza.
La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresó su desacuerdo con la decisión de la jueza, alegando una aplicación errónea de la normativa legal y enfatizando el riesgo para la víctima, en este caso, la cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz (Yailín La Más Viral) y su madre Wanda Díaz Núñez. Ramos señaló que la jueza ignoró pruebas clave, incluyendo una llamada al 9-1-1 realizada por Yailín solicitando ayuda y un celular ocupado a Hernández, presuntamente utilizado para intimidar a testigos.
- Según la fiscal, la decisión de no imponer una medida privativa de libertad, a pesar de las circunstancias y el peligro de fuga, pone en riesgo a las víctimas y testigos. Ramos también destacó la vulneración de los derechos de Wanda Díaz Núñez, quien, por motivos médicos, no pudo estar presente y no se le permitió participar virtualmente en el proceso.
La Ley No. 339-22 es citada por el Ministerio Público, subrayando que, en casos de violencia sexual, intrafamiliar y de género, se puede disponer la participación virtual de las víctimas para evitar la revictimización.
Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, reafirmó la solicitud de una medida de coerción más severa, dada la naturaleza especial del delito.
El caso de Daniel Hernández, arrestado bajo la orden judicial número 0273-2023 emitida por la jueza Kenya Romero, ha sido clasificado jurídicamente bajo la violación a la Ley 24-97, artículos 309-1 y 309-2, reflejando la seriedad de las acusaciones de violencia de género y intrafamiliar.
La decisión de la fiscalía de apelar resalta su compromiso en la lucha contra este tipo de delitos y en la protección de las víctimas.
