El General Juan Carlos Torres Robiou permanece bajo medida de coerción por casos de corrupción Coral y Coral 5G
Santo Domingo, miércoles, 31 de enero del 2024.- La jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, respaldó el martes la solicitud del Ministerio Público y confirmó la medida de coerción, consistente en arresto domiciliario, impuesta al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La magistrada Gisselle Méndez, confirmó la medida contra el general Juan Carlos Torres Robiou quien se encuentra involucrado en hechos de corrupción administrativa relacionados con las operaciones Coral y Coral 5G.
En la audiencia, donde los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar y Arolin Lemos representaron al Ministerio Público, la jueza Méndez respaldó los argumentos del órgano acusador, sosteniendo que la decisión se mantuvo debido a que no han cambiado las circunstancias y persiste el riesgo de fuga.
La magistrada Méndez tomó la decisión al atender una solicitud de la defensa del procesado.
Torres Robiou está bajo arresto domiciliario desde mayo de 2023, cuando la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, cambió la medida de prisión preventiva
El general de la Fuerza Aérea Dominicana, Torres Robiou, es acusado de participar en una trama corrupta militar que abarcó varias instituciones del Estado.
Dicha trama fue desmantelada por el Ministerio Público en 2021, bajo la operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, que resultó en el arresto y procesamiento de miembros de la Policía Nacional y otras personas implicadas en actos de corrupción.
Otros acusados en este proceso, como Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, el general Julio Camilo de los Santos y el mayor José Manuel Rosario Pirón, también cumplen medidas de coerción similares, con arresto domiciliario y uso de grillete.
Torres Robiou está bajo arresto domiciliario desde mayo de 2023, cuando la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, cambió la medida de prisión preventiva para que la cumpliera en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
En este proceso, el Ministerio Público ha presentado cargos por corrupción contra 48 personas, 30 físicas y 18 jurídicas, acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
