Ministerio Público logra mantener en prisión a Domingo Julio Santana Sánchez, involucrado en la red de borrado de antecedentes penales.
SANTO DOMINGO (República Dominicana) – El Ministerio Público ha obtenido la ratificación de la prisión preventiva impuesta a Domingo Julio Santana Sánchez, quien formaba parte de la red involucrada en el borrado y alteración de registros de antecedentes penales de casi 17 mil personas en la Operación Gavilán.
El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha respaldado esta medida, argumentando que los argumentos presentados por la defensa del imputado son idénticos a los presentados durante la audiencia de medida de coerción. Esto refuerza la posibilidad de fuga y la amenaza a la investigación en curso.
Domingo Julio Santana, quien trabajaba como mensajero en la Fiscalía del Distrito Nacional, desempeñó un papel fundamental en esta estructura delictiva al reclutar a imputados con antecedentes penales para beneficiar el proceso de eliminación de sus registros.
El procurador fiscal Andrés Mena ha confirmado que la acusación formal contra los 12 imputados en esta red criminal se presentará en los próximos días, marcando un avance significativo en el caso.
Domingo Julio Santana Sánchez cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo XVII, en la provincia San Cristóbal, por su participación en el escándalo que afectó a casi 17,000 personas.
La complejidad del proceso se reconoció el pasado mes de agosto, y se ratificó la prisión preventiva para todos los imputados, incluyendo a Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo Astacio Polanco y Rubén Darío Morbán Santana.
Las medidas de coerción también se aplicaron a Pilar Irenes Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro, bajo arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Asimismo, Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Dilcia Argentina Núñez Santos y Alexander Romanqui Dotel cooperaron con la investigación del Ministerio Público y enfrentan diversas medidas de coerción, incluyendo impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.
La Operación Gavilán ha revelado una red de fiscales, empleados administrativos y policías involucrados en la eliminación de antecedentes penales a cambio de sobornos, lo que ha resultado en una importante investigación y acciones legales por parte del Ministerio Público.
