Santo Domingo, 12 de febrero de 2024 – El reconocido abogado Marino Elsevyf expresó anoche su preocupación acerca de la necesidad de un control jurisdiccional sobre las actuaciones de los fiscales en República Dominicana.
Así se expresó el abogado en una entrevista en el programa "Toque Final" con Julio Martínez Pozo, Elsevyf abordó diversos problemas en el sistema judicial del país.
Elsevyf destacó que muchos fiscales llevan más de 20 años en el ejercicio de sus funciones y han fracasado en el sistema penitenciario debido a la acumulación de procesos penales sin completar.
Considera que los fiscales se han convertido en un obstáculo para el sistema, contradiciendo los principios constitucionales.
El abogado argumentó que el sistema ha fracasado, en parte debido a los operadores, especialmente los fiscales que abogan excesivamente por la prisión preventiva, resultando en un 80% de presos preventivos en cárceles llenas.
Criticó el enfoque de considerar la prisión como regla y la libertad como excepción, un método que ha perdurado durante los 20 años del nuevo Código de Procedimiento Penal.
Elsevyf lamentó la situación de que las cárceles estén llenas de individuos que, dentro de estos recintos, continúan practicando actividades delictivas como estafas, sobornos, venta de drogas y asaltos.
El abogado penalista también señaló la cohabitación del sistema carcelario con el crimen, especialmente en La Victoria, describiendo una situación de control disfrazado de la autoridad por parte de los privados de libertad.
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En cuanto al nuevo sistema penal, Elsevyf criticó la falta de inteligencia emocional y política criminal por parte de los operadores, quienes alargan los procesos y los convierten en "telenovelas" a través de los medios de comunicación, anticipando sanciones a los involucrados en el crimen.
Además, resaltó la falta de utilización de instrumentos como los criterios de oportunidad, los acuerdos de conciliación y la mediación, elementos fundamentales según el Código de Procedimiento Penal.
Marino Elsevyf concluyó enfatizando la necesidad de reformas urgentes en la política criminal del Estado, proponiendo la creación del Ministerio de Justicia para dividir las acciones administrativas y judiciales y mejorar la conducción del sistema.
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