La variación de la medida de coerción fue solicitada fuera de plazo por el principal acusado de corrupción administrativa en el caso Coral
Santo Domingo, 15 de febrero del 2024.-La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha declarado inadmisible el recurso de apelación presentado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, uno de los principales acusados en el caso de corrupción administrativa de las operaciones Coral y Coral 5G.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradora de corte Mirna Ortiz, explicó que la decisión se basa en que la defensa presentó el recurso fuera del plazo establecido por la legislación.
La procuradora Ortiz dijo que el acusado Adán Cáceres procuraba que le fuera modificada la medida de coerción que pesa en su contra, consistente en arresto domiciliario y uso de un localizador electrónico.
“Sin embargo, sus abogados interpusieron este recurso fuera de los plazos procesales, y, por tanto, a solicitud del Ministerio Público, el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación, por lo que se mantienen las medidas de coerción que hasta el momento pesan sobre este”, dijo Ortiz.
La procuradora Ortiz dijo que el acusado Adán Cáceres procuraba que le fuera modificada la medida de coerción que pesa en su contra, consistente en arresto domiciliario y uso de un localizador electrónico.
Recordó que el Código Procesal Penal establece en los procesos ordinarios un plazo de 10 días y dijo que, como este es un caso complejo, se duplican los plazos, que son 20 días. “Son días que se deben contar de manera corrida, o sea, que todos los días calendarios cuentan a los fines del cómputo de este plazo”.
Noticia relacionada: Jueza envía a juicio a implicados en caso Coral y Coral 5G por presunta corrupción
El mayor general Cáceres buscaba modificar la medida de coerción de arresto domiciliario y uso de un localizador electrónico, pero el tribunal mantuvo las medidas actuales al considerar que no se cumplieron los plazos procesales.
Este caso, que implica a altos funcionarios y militares, sigue siendo complejo y está relacionado con presuntas prácticas corruptas durante los gobiernos anteriores en la República Dominicana.