La alta corte, liderada por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, revisa casos significativos sobre legislación y decretos nacionales."
Santo Domingo, República Dominicana – En una jornada clave para la justicia constitucional del país, el Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia pública para conocer cinco expedientes de acción directa de inconstitucionalidad. La sesión fue presidida por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, quien, junto a un pleno de jueces, revisó casos de gran relevancia para el ordenamiento jurídico y la sociedad dominicana.
Un comunicado del TC indica que rntre los expedientes evaluados, destaca la acción presentada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) contra la declaración conjunta sobre las aguas transfronterizas del río Dajabón o Masacre, así como la refutación de Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI, INC) a ciertos artículos de la Ley sobre Facturación indica
Además, se analizó una acusación formal y solicitud de apertura a juicio por parte de Juan Francisco García Garvez, una denuncia sobre omisión legislativa en la Ley de Adquisición y Transferencia de la Propiedad Inmobiliaria en la Zona Fronteriza, y un ataque al decreto emitido por el Poder Ejecutivo, presentado por Cristian Baicu.
- Estas acciones de inconstitucionalidad reflejan la diversidad y complejidad de los desafíos legales que enfrenta la República Dominicana, abarcando desde asuntos de política exterior y fiscalización electrónica hasta cuestiones de género, propiedad inmobiliaria y ejecutivas.
El Tribunal Constitucional, con su equipo de jueces expertos, incluyendo a Miguel Aníbal Valera Montero, Eunisis Vásquez Acosta, entre otros, demuestra su compromiso con la preservación de la integridad de la Constitución y el marco legal dominicano, asegurando la justicia y el respeto por los derechos fundamentales en el país.
La decisión de dejar estos expedientes en estado de fallo subraya la importancia de estos casos para el futuro jurídico y social de la nación, esperando que las resoluciones contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho en la República Dominicana.
