Este fallo se basó en diversas disposiciones legales, incluidas la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Santo Domingo.- En un giro reciente dentro del ámbito electoral dominicano, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha tomado decisiones clave en dos casos de alto perfil que afectan el panorama político del país, con miras a las elecciones municipales de mañana domingo.
El primero involucra la inadmisibilidad de una acción de amparo de extrema urgencia en contra de la Junta Electoral de Baní, y el segundo, el aplazamiento de una demanda contra una Karina Aristy, candidata a alcalde por el PRM y aliados en Higüey
- Noticia relacionada: La seguridad de elecciones de este domingo, prioridad de la Policía Militar Electoral
Este sábado, el TSE declaró inadmisible la acción de amparo presentada contra la resolución número 03-2024 de la Junta Electoral de Baní, provincia Peravia. Esta resolución había declarado inhabilitada a Johanny Patricia Báez Martínez, candidata a regidora por el Partido Fuerza del Pueblo, impidiéndole participar en las elecciones del domingo 18 de febrero de 2024.
El Tribunal, presidido por el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, argumentó que existen otros medios jurisdiccionales para abordar los derechos supuestamente vulnerados, específicamente el recurso de apelación.
Este fallo se basó en diversas disposiciones legales, incluidas la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, así como el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. La decisión se tomó sin costas y se dispuso su notificación a las partes interesadas y su publicación en el portal institucional del TSE.
- En otro contexto, el juicio sobre la demanda en nulidad de candidatura contra Karina Aristy de Logroño, candidata a alcalde por el Municipio de Higüey, fue aplazado para el jueves 22 de febrero.
La solicitud de aplazamiento, presentada por organizaciones de la sociedad civil como Proyecto Visión Nación y Movimiento de Higüeyanos Unidos, entre otros, fue aceptada para permitir a ambas partes revisar los documentos presentados y regularizar la demanda anunciada.
Estos eventos subrayan la complejidad y la tensión inherentes al proceso electoral en la República Dominicana, reflejando la importancia de los mecanismos legales y judiciales en la resolución de disputas electorales.
