La tragedia ocurrió en la mina ilegal “Bulla Loca” donde otras 100 personas fueron afectadas por el derrumbe
Por agencia IPS
CARACAS, 21 de febrero de 2024.-Una mina ilegal de oro colapsó en la Amazonia venezolana, el aluvión de tierra y lodo cayó sobre un centenar de personas que trabajaban en el socavón, y unas 30 de ellas perecieron, según los primeros reportes conocidos sobre el accidente.
Autoridades locales confirmaron la información sobre el derrumbe de la mina, ocurrido la tarde del 20 de febrero en el sector La Paragua, en la margen derecha del bajo río Orinoco y a unos 700 kilómetros al sureste de Caracas, aunque manejaban cifras distintas sobre el número de víctimas.
Edgar Colina, secretario de Seguridad del sudoriental estado de Bolívar, fronterizo con Brasil, confirmó que hubo al menos dos muertos y dos heridos, y dijo que grupos de socorro fueron despachados hacia la mina, en un área selvática, este miércoles 21.
Mientras, el alcalde de la zona donde está La Paragua, Yorgi Arciniega, dijo que según sus informes murieron 30 personas y otras 100 fueron afectadas por el derrumbe.
Los bordes del socavón, de unos 35 metros de profundidad, cedieron cuando los operarios faenaban para remover grandes volúmenes de tierra y arena que contienen diminutos granos de oro en la mina “Bulla Loca”, que está en manos de dos grupos armados ilegales según medios de la prensa en la región.
Quienes trabajan en esas minas ilegales lo hacen de manera rústica, sin mínimas medidas de seguridad y menos aún de cuidado para con el medio ambiente. A menudo emplean adolescentes para deslizarse por las primeras excavaciones, y mujeres jóvenes como empleadas de servicio para mantener los campamentos.
En condiciones como esas operan centenares de explotaciones mineras ilegales en la vasta Amazonia y Orinoquia venezolana, más de 400 000 kilómetros cuadrados con gran riqueza de minerales, bosques, biodiversidad, ríos caudalosos, y hogar de más de 20 etnias indígenas.
Quienes trabajan en esas minas ilegales lo hacen de manera rústica, sin mínimas medidas de seguridad y menos aún de cuidado para con el medio ambiente.
Una investigación con rastreo satelital del grupo periodístico Armando.info encontró hace dos años 3700 puntos de actividad minera en todo el sur y sureste de Venezuela.
En el segundo semestre de 2023, el jefe operacional de la Fuerza Armada venezolana, el general Domingo Hernández, dio cuenta del desalojo de 14 000 personas dedicadas a la minería ilegal y la destrucción de 4500 estructuras de campamento en parques nacionales del extremo sur del país.
En 2021, una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estimó que Venezuela, con potencial para producir actualmente unas 70 toneladas anuales de oro, en realidad extraía entre 30 y 40 TM, y estimó que al menos la mitad se producía y exportaba de manera irregular e ilegal.
Desde 2016 funciona en Venezuela el “Arco Minero del Orinoco”, una zona económica especial de 112 000 kilómetros cuadrados, al sur del Orinoco bajo y medio, con gran riqueza de minerales preciosos y estratégicos, y la cual fue confiada a los mandos militares para su explotación.
Los movimientos ecologistas han criticado el Arco Minero por carecer de estudios de impacto ambiental, como amenaza a la biodiversidad y al hábitat de pueblos originarios y, además, por constituir un imán para la minería artesanal e ilegal.
La organización no gubernamental SOS Orinoco ha indicado que la actividad minera en la Amazonia venezolana comprometió unas 200 000 hectáreas de bosque en el lapso 2000-2022, y al menos 20 000 hectáreas en los dos últimos años del período.
El mercurio utilizado –también ilegalmente- para reducir el oro, y la deforestación junto con la sedimentación abonada por los movimientos de tierra y arenas, afectan tanto hábitats indígenas como la cuenca del río Caroní, con cuya represa Guri se genera 70 % de la electricidad que consume Venezuela.
SOS Orinoco denuncia además que existen decenas de pistas clandestinas de aterrizaje, utilizadas para la extracción ilegal de oro y otros minerales, pero también pueden servir para actividades como el tráfico de drogas.
En la región operan, además de las fuerzas militares y policiales del Estado, grupos armados irregulares, con bandas o “sindicatos” que controlan las minas, y columnas de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
