En un enérgico llamado a la Junta Central Electoral (JCE), Francisco Domínguez Brito, destacado miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha puesto en tela de juicio la imparcialidad del ente regulador electoral frente a lo que describe como un marcado retroceso de la democracia en la República Dominicana.
Esta acusación surge a raíz de los recientes eventos ocurridos durante las elecciones municipales, donde el PLD atribuye al presidente Luis Abinader y su administración una serie de abusos y arbitrariedades que, a su juicio, minan la integridad democrática del país.
Durante una visita a Dajabón para respaldar a Fiordaliza Ceballos, la alcaldesa electa por el PLD, Domínguez Brito no solo destacó el apoyo incondicional a Ceballos sino que también denunció lo que considera prácticas antiéticas por parte del gobierno actual y sus representantes. Entre estas prácticas, mencionó la compra de votos, el clientelismo y la intimidación, acciones que, según él, atentan contra la dignidad y la libertad individual de los ciudadanos.
Por otro lado, la presencia de la exsenadora Sonia Mateo en el evento sirvió para denunciar la supuesta utilización de recursos estatales, incluido el envío de un helicóptero con militares a Dajabón, con el fin de influir en los resultados electorales y ejercer presión sobre la Junta Municipal Electoral. Estas acciones son vistas por el PLD como un claro retroceso a épocas de autoritarismo, marcadas por el abuso de poder y la manipulación electoral.
Fiordaliza Ceballos, por su parte, agradeció el respaldo del PLD y reafirmó su compromiso de luchar junto al pueblo de Dajabón por el reconocimiento de su victoria electoral, aspirando a una transformación positiva del municipio que contrarreste la actual situación deprimente.
La situación en Dajabón y las acusaciones del PLD contra el gobierno de Abinader resaltan la creciente tensión política en la República Dominicana, donde la lucha por la democracia y la integridad electoral se convierte en un clamor que exige la atención y acción inmediata de todos los sectores involucrados, especialmente de la Junta Central Electoral, cuya responsabilidad es garantizar un proceso justo y transparente.
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