La Procuraduría Especializada en la lucha contra la corrupción administrativa presenta acusación formal y solicita apertura de juicio.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha dado comienzo a la audiencia preliminar contra Rosa Antonia Disla, señalada por su implicación en delitos de testaferrato y lavado de activos en el marco de las operaciones Coral y Coral 5G. La acusada, madre de Rafael Núñez de Aza, enfrenta serias acusaciones por su presunta participación en una red de corrupción administrativa.
Jonathan Elías Pérez Fulcar, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que el Ministerio Público ha presentado la acusación correspondiente y ha solicitado la apertura de juicio, así como la admisión de pruebas en contra de Disla. Este caso se suma al juicio en curso contra Rafael Núñez de Aza, quien es considerado uno de los principales actores del esquema corrupto.
El proceso judicial ha continuado su curso tras superar diversos obstáculos, incluyendo el rechazo de una recusación presentada por la defensa de Disla contra la jueza Yanibet Rivas. La audiencia preliminar retomará su actividad a partir de las 2:30 p.m. del jueves 29 de febrero, momento en el cual la defensa presentará sus argumentos contra las acusaciones del Ministerio Público.
Este caso destaca por su complejidad y por involucrar a altos mandos militares y funcionarios públicos en un entramado de corrupción que operaba desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y extendía sus ramificaciones a otras instituciones del Estado. Entre los acusados se encuentran figuras prominentes como el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cusep durante la gestión del expresidente Danilo Medina, y varios oficiales de alto rango implicados en las operaciones Coral y Coral 5G.
La justicia dominicana avanza en su lucha contra la corrupción administrativa, buscando establecer responsabilidades y garantizar la integridad de las instituciones públicas. La comunidad espera atenta los desarrollos de este caso, que pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y la transparencia en la gestión gubernamental.
