El día del consumidor de 2024 encuentra al consumidor dominicano en situación de indefensión total. Resulta que, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones vigente en RD, es del siglo pasado, por tanto, no refleja los avances tecnológicos ocurridos en lo que va del siglo XXI. Siglo en el cual las redes sociales virtuales han desplazado la telefonía tradicional y la forma de comunicarse de los consumidores.
Así como, la manera de mercadear bienes y servicios, cada vez más las compras de los usuarios se hacen en línea y no existe regulación alguna al respecto. Dicho de otro modo, mantiene al usuario de servicios de telecomunicaciones en un estado de indefensión total.
Las tarifas son libres y el INDOTEL, órgano llamado a establecer el equilibrio del mercado, nada hace en favor del usuario de estos servicios. Aunque la ley establece que, en el consejo del INDOTEL debe existir una representación orgánica de los consumidores, la realidad es que el gobierno de turno se confabula con el sector privado para colocar en dicho espacio a un burócrata al servicio de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones o a un incondicional del gobierno que va allí a defender los intereses del empresariado o del gobierno y nunca los intereses de los usuarios de esos servicios domiciliarios.
Esto siempre ha sido así desde la promulgación de la Ley 153-98, por tanto, el cambio es más de lo mismo. No ha sido innovador en este aspecto, ni ha permitido que el movimiento consumerista cuente con espacio propio en esta ni en ninguna otra área. Es más, vía judicial se ha conseguido que el director de PROCONSUMIDOR, el cual estaba específicamente definido en la ley como una persona técnicamente especializada en el área de consumo, sin posibilidad de hacer politiquería desde ese puesto, ahora se ha caído en el retroceso de habilitarlo para que haga política desde ahí. Esta situación se registra también en la Superintendencia de Bancos (SB), en la SILSARIL, en la DIDA, en el PROTECOM, etc., es decir, en todas las áreas de servicios esenciales para la población solo cuenta el punto de vista empresarial. Esta política viola la constitución porque no estamos bajo las reglas del Estado liberal, sino bajo las reglas del Estado social, por tanto, el derecho administrativo regulador y el derecho administrativo sancionador son los que aplican. Pero, sin embargo, esta ratio, no se comprende ni siquiera en el ámbito judicial porque la administración de justicia también se mantiene postrada a los dictados del liberalismo del Estado liberal, al servicio de los oferentes de bienes y servicios y al servicio del partido en el poder. No digamos el Poder Judicial, sino que el propio Tribunal Constitucional lleva tiempo olvidando que la forma de Estado constitucionalmente vigente, es el Estado social y democrático de derecho.
Mientras los países donde reina el neoliberalismo se respetan las reglas del mercado consistentes en establecer un equilibrio demercado que, permita la competitividad y el respeto de los derechos del consumidor, en la República Dominicana, se ignoran estos derechos adquiridos por los consumidores en áreas sensibles como la banca digital y las compraventas vía las redes sociales. El consumidor bancario digital es sumamente vulnerable, pero el INDOTEL no se entera de ello, mantiene equipos obsoletos que permiten a todo tipo de hackers o delincuentes virtuales hacer su agosto con el consumidor dominicano solo porque a nadie interesa la suerte del consumidor bancario nacional.
La postración del Estado Dominicano en su conjunto en esta materia es tal que, por ejemplo, mientras nadie habla de la necesidad de actualizar la Ley 153-98 sobre telecomunicaciones, si ha habido tiempo para promulgar y equipar con ordenadores de alta gama, los requerimientos de la Ley 45-20 sobre embargo electrónico de bienes muebles, es decir una ley que viene a poner fin a las compras a créditos en el país porque el movimiento consumerista no puede respaldar una ley que embarga los bienes presentes como los bienes futuros de los usuarios, ni la posibilidad de que la garantía crediticia sea ejecutada con solo un clic, sin antes establecer la procedencia o improcedencia de la misma ante un juez. Ante tal atropello, se exhorta al consumidor a que no compre a crédito dados los riesgos que corre con sus bienes presentes y futuros cuando compra a crédito.
En el pasado, se exhortaba a los pequeños ahorristas a que abrieren cuentas de ahorros en la banca, hoy la recomendación es que no lo hagan, es mejor consumir que quedar despojado de sus pequeños ingresos por los gastos administrativos de la banca que, cual ratón, terminan comiéndose los ahorros del pequeño ahorrista bancario.
En el ámbito del servicio eléctrico, si bien se debe reconocer que el gobierno actual ha mantenido el servicio eléctrico lo mejor posible para los usuarios de este servicio, la verdad es que los abusos cometidos por las ESES no son pocos, ni de poca monta, más bien son brutales porque en lugar de mejor la eficiencia en el cobro, se han limitado a cargar a los que pagan, las facturas de quienes no pagan. Al tiempo que mantienen irritantesexenciones contra grandes usuarios de sectores diversos. Esta desigualdad es también inconstitucional.
El servicio de salud, a pesar de la propaganda oficial, constituye una vergüenza y otra violación de la constitución, porque no existe atención primaria, ni atención de segundo nivel, solo se mantienen hospitales que más bien son almacenes de enfermos, sin espacio, sin camas y sin medicamentos, si quiera genéricos. Allí se manta a los enfermos y se daña la salud mental del personal sanitario, el cual se ve impotente frente a la gran demanda de servicios sin poseer los medios para atender a los seres humanos que, por desgracia, allí acuden. El Estado no asume la factura de ninguna emergencia, ninguna urgencia es atendida a menos que alguien. La SILSARIL solo está interesad en mantener las ganancias de las administradoras de riesgos de salud (ARS). Esta es su prioridad y cuando no, las mismas cuentan con derecho de veto a las decisiones de este órgano conforme lo dispone la Ley 87-01 y, las prerrogativas de rector del sistema de salud que otorga la Ley 42-01, es algo que no importa al ministro de salud, porque, como se sabe, este es un empresario privado que está allí para velar por los intereses de sus negocios y no por la salud de los ciudadanos.
El día del consumidor 2024, más que un día conmemorativo y de celebración, es un día de luto del consumidor dominicano, dado el retroceso que en todas las áreas presenta el derecho de consumo porque, por ejemplo, los supermercados, los colmados y los mercados, de nuevo han sido convertidos por el presente gobierno en casa del terror. Buen ejemplo de ello, es la opinión de los empacadores de estos establecimientos quienes han visto disminuido grandemente su número, en razón de que los clientes, todo cuanto pueden comprar, pueden perfectamente llevarlos en las manos porque ya no pueden permitirse llenar el carrito con el presupuesto familiar de que disponen. Se impone un aumento salarial que devuelva y mejore la capacidad adquisitiva del consumidor.
Se hace necesario además que el gobierno, desde PROCONSUMIDOR, obligue a los comerciantes detallistas, a colocar la ley de doble etiquetado que informe al consumidor, el precio de compra al productor del bien objeto de compraventa junto al costo final de dicho producto, para que se pueda observar la especulación rampante en que los intermediarios mantienen a los consumidores. Por igual, aquellos bienes importados por el gobierno han de tener la mención de subsidiados e importados por el gobierno en beneficio de los consumidores. Solo así, se podrá hablar de un gobierno preocupado por la suerte del consumidor dominicano en su día internacional. Esto es posible con base al derecho de información contenido en el artículo 33, letras “c” y “d”, de la Ley 358-05 mejor conocida como ley del consumidor dominicano, el cual habla de que la información al consumidor ha de ser verz, oportuna y verificable, entre otros derechos. DLH-3-3-2024.
