Ministerio Público y Gabinete de Política Social unen esfuerzos para ofrecer oportunidades de empleo y apoyo a mujeres en situación de violencia en Santo Domingo y Santiago.
En un notable esfuerzo por combatir las secuelas de la violencia de género y promover la independencia económica de las víctimas, el Ministerio Público y el Gabinete de Política Social anunciaron la puesta en marcha de un proyecto piloto orientado a la inserción laboral de mujeres afectadas por situaciones de violencia.
Este innovador programa se formalizó a través de un acuerdo firmado por procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y Tony Peña, coordinador del Gabinete de Política Social, marcando un hito en la colaboración interinstitucional para el apoyo a las mujeres en la República Dominicana.
El proyecto piloto tiene como finalidad fomentar la integración laboral de las víctimas de violencia de género, mediante la coordinación entre los Centros de Desarrollo Integral Para la Mujer (CEDI-Mujer) y el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia (CASV) del Ministerio Público. Este acuerdo subraya el compromiso de ambas entidades para abordar de manera integral la problemática de la violencia contra la mujer, ofreciendo no solo asistencia inmediata sino también oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Durante el acto de firma, la procuradora Germán Brito enfatizó la importancia de este convenio, recalcando que desde la creación del Centro de Atención a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia en 2007, ha sido un objetivo prioritario facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas. Este proyecto se destaca como una respuesta a la necesidad de ofrecer alternativas económicas a las mujeres que, en situaciones de violencia, se ven obligadas a depender financieramente de sus agresores.
Asimismo, el acuerdo contempla la inauguración de unidades de atención a víctimas de violencia de género en los CEDI-Mujer de Santo Domingo Norte y Santiago de los Caballeros, ampliando el alcance y la eficacia de la asistencia prestada. Estas unidades trabajarán en conjunto con el CASV para revisar los protocolos y mejorar la estructura de atención y seguimiento a las beneficiarias.
El Ministerio Público se compromete a proporcionar el espacio físico necesario y a compartir información clave para la gestión efectiva de los casos, además de ofrecer servicios de atención psicológica y formación a las trabajadoras sociales involucradas. Por otro lado, el Gabinete de Política Social asumirá responsabilidades como el diagnóstico social, la evaluación de empleabilidad y la orientación para acceder a recursos que faciliten la autonomía económica de las mujeres.
Este acuerdo, vigente desde el miércoles 6 de marzo de 2024 por un periodo inicial de dieciocho meses, representa un avance significativo hacia la erradicación de la violencia de género en la República Dominicana y la promoción de una sociedad más justa e igualitaria. Ambas instituciones realizarán un seguimiento constante del proyecto, evaluando el progreso y adaptando las estrategias para maximizar el impacto positivo en la vida de las mujeres participantes.
