Abinader reafirma el monopolio estatal del orden público tras la caída de Kiko La Quema

La administración Abinader se compromete a mantener el control territorial y asegurar la ley y el orden frente a cualquier figura criminal.

Santo Domingo.-,El presidente Luis Abinader, en una reciente declaración, enfatizó la postura firme del gobierno de mantener el control y la autoridad sobre el orden público, subrayando que no se permitirá que individuos o grupos operen al margen de la ley.

Esta aseveración viene en el contexto del enfrentamiento y posterior abatimiento de José Antonio Figueroa, alias "Kiko La Quema", un notorio delincuente en la comunidad de Cambita, San Cristóbal, quien fue acusado de mantener un control criminal sobre el territorio. Las declaraciones del mandatario fueron ofrecidas en su tradicional encuentro con la prensa La Semanal.

Abinader cuestionó las afirmaciones que sugerían que Figueroa tenía el control de Camboya Garabito, señalando que la mayoría de los residentes no comparten la misma percepción de aquellos que despidieron al presunto narcotraficante como un héroe en su funeral. El presidente insistió en que su gobierno no tolerará que individuos o grupos infrinjan la ley y usurpen funciones que corresponden exclusivamente al Estado.

En un llamado directo a los que idolatran a figuras criminales como Kiko La Quema, el presidente Abinader instó a reflexionar sobre el impacto negativo de sus acciones en la comunidad, mencionando específicamente el daño causado a las familias de las víctimas.

La caída de Kiko La Quema se produjo tras una intensa labor de seguimiento por parte de las autoridades policiales, culminando en un enfrentamiento armado en el que el delincuente fue abatido. Se informó que el operativo, denominado "Operación Montaña", tenía como objetivo desmantelar la estructura criminal que Figueroa había establecido en San Cristóbal, involucrada en una amplia gama de actividades ilícitas, incluyendo homicidios, secuestros, y tráfico de drogas y armas.

Este incidente reitera el compromiso del gobierno dominicano con la seguridad nacional, el Estado de derecho y la paz social, demostrando su disposición a actuar con determinación frente a cualquier amenaza que desafíe el orden público y la estabilidad del país.