Acuerdos de colaboración marcan un punto de inflexión en el caaso de corrupción de alto perfil
Santo Domingo, República Dominicana. En un giro reciente dentro del emblemático caso de la Operación Medusa, siete individuos y entidades acusados de participar en una red de corrupción administrativa han admitido su implicación, aceptando la acusación formulada por el Ministerio Público. Este caso destaca por involucrar a altos cargos del estado, incluyendo al ex procurador general, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Acuerdos de Colaboración Aceptados por el Tribunal
Tras negociar con el órgano acusador, los involucrados, entre los que se encuentran Carlos Augusto Guzmán Oliver y las entidades Herrajes Rachel y La Parasata Mercantil, han llegado a acuerdos de colaboración con la fiscalía. Estos acuerdos han sido presentados al juez Amauri Martínez, señalando un avance significativo en el proceso judicial. La fiscal Rosa Alba García Vásquez destacó la importancia de estos acuerdos para el desarrollo del caso, enfatizando la disposición de los acusados a admitir los hechos y colaborar con la justicia.
Cambio de estrategia y Condiciones de los acuerdos
Los acuerdos alcanzados implican variaciones en las solicitudes iniciales de pena para los acusados, estableciendo condiciones específicas como residencia fija, prohibición de salida del país sin autorización judicial, y obligaciones de servicio comunitario, entre otras. Por ejemplo, para los hermanos Vásquez Féliz, se ha solicitado una pena de tres años de reclusión bajo modalidad suspendida, mientras que entidades como Divamor Group SRL enfrentan multas significativas y la cancelación de su registro mercantil.
El contexto de la Operación Medusa
La Operación Medusa ha sacudido el panorama político y judicial de la República Dominicana, al exponer un complejo entramado de corrupción liderado por el ex procurador Rodríguez Sánchez y varios de sus colaboradores, en el periodo de 2016 a 2020. La investigación ha desvelado prácticas de prevaricación, sobornos y lavado de activos, entre otros delitos, comprometiendo a 41 personas físicas y 22 razones sociales.
Próximos pasos en el proceso judicial
La audiencia preliminar del caso, presidida por el juez Martínez, ha sido aplazada hasta el próximo 15 de marzo. Este proceso no solo busca hacer justicia en uno de los casos más notorios de corrupción en la historia reciente del país, sino también enviar un mensaje claro contra la impunidad en las esferas de poder.
