Con los US$16 millones de dólares que recibieron viajaron en jet privados y helicópteros a Dubái, a los Emiratos Árabes, Guatemala, Miami, Europa, y adquirieron vehículos de lujo
Santo Domingo, 14 de marzo de 2024.-En los años 2021 y 2022, República Dominicana se vio sacudida por una oleada de fraudes financieros perpetrados por entidades fraudulentas disfrazadas de puestos de bolsa y empresas de inversión en criptomonedas. Moon Capital S.R.L. es un ejemplo destacado de esta red de engaños, que desembarcó en el municipio de Nagua el 11 de julio de 2022 bajo el pretexto de revolucionar la economía y la educación financiera.
Bajo la dirección de su CEO, Gregorix Polanco, y otros miembros destacados como Jairo González Duran, la sociedad Moon Capital S.R.L. y sus cómplices, incluidas las sociedades Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL, realizaron un elaborado acto inaugural que atrajo a empresarios y personalidades locales con la promesa de oportunidades financieras sin igual.
Sin embargo, lo que comenzó como una ilusión pronto se desmoronó cuando el Ministerio Público lanzó una serie de acusaciones graves contra ellos. Se les imputó violación de múltiples artículos del Código Penal Dominicano y la ley del Mercado de Valores, incluida la asociación de malhechores, la estafa, la realización de captaciones ilegales de fondos a través de medios informáticos y el lavado de activos. Estas acusaciones podrían resultar en condenas de hasta 20 años de prisión.
Se descubrió que los líderes de Moon Capital y sus cómplices habían malversado los fondos de los inversionistas para financiar un estilo de vida de lujo, que incluía viajes a destinos exóticos como viajes a Dubái, a los Emiratos Árabes, Guatemala, Miami, Europa, viajaban en jet privados, alquilaban helicópteros y adquirieron sendos vehículos de lujo, con los US$16 millones de dólares que recibieron.
Así lo indicó el abogado Amadeo Peralta quien destacó la falta de requisitos financieros básicos que estas entidades fraudulentas no cumplían, lo que facilitó su detección. Muchas de estas "sociedades fantasmas" operaban sin los fondos necesarios y se beneficiaban de la confianza ingenua de los inversionistas.
Sostiene que la tragedia financiera causada por Moon Capital y sus secuaces destaca la necesidad de una regulación más estricta en el sector financiero y una mayor vigilancia para proteger a los inversionistas contra el fraude. La aplicación efectiva de la ley es crucial para restaurar la confianza en el sistema y asegurar que aquellos que abusan de la buena fe de otros enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Entendiendo las Sanciones Legales para el Fraude en el Mercado de Valores
El abogado Amadeo Peralta continúa arrojando luz sobre una verdad poco conocida en el mundo legal: la mayoría de los abogados, al no especializarse en la persecución de delitos financieros y desconocer las disposiciones legales pertinentes, cometen un grave error al acusar automáticamente de estafa a quienes operan en el mercado de valores sin autorización. Considera que este malentendido juega a favor de los imputados, quienes preferirían enfrentar acusaciones de menor gravedad.
Peralta detalla una serie de artículos legales violados en los casos de operaciones no autorizadas en el mercado de valores, con penas que van desde tres hasta diez años de prisión mayor. Destaca la imputabilidad de accionistas, miembros del consejo de administración y ejecutivos principales, así como cualquier persona física que, a sabiendas, realice actividades propias del mercado de valores sin la debida autorización.
El abogado señala también el artículo 352, que aborda la desviación de bienes, imponiendo penas de cinco a diez años de prisión mayor y multas sustanciales. Esta disposición se aplica a aquellos que, sin autorización, dispongan de los bienes de un cliente para beneficio propio o de terceros, causando daño patrimonial.
Concluye destacando la gravedad del delito de abuso de confianza, que puede combinarse con violaciones a la ley del mercado de valores, resultando en penas de hasta 20 años de prisión. Este delito, que implica el robo del patrimonio y ahorros de numerosas personas, ilustra la importancia de entender las disposiciones legales para enfrentar eficazmente el fraude financiero y proteger los derechos de los inversionistas.
