La política de calidad del presente gobierno se ha quedado en el papel.
El 15 de marzo es el Día Internacional del Consumidor, fecha que se celebra por sugerencia del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, sin embargo, en la República Dominicana, el gobierno pro empresarial del PRM, no pudo exhibir una sola conquista en pro del derecho pro consumus, con ocasión de dicho día, a pesar de que para el caso dominicano, es un derecho de rango constitucional. El país sigue con una ley de telecomunicaciones obsoleta desde el pasado siglo XX, pero como está hecha a la medida del sector empresarial oferente de servicios de telecomunicaciones nadie habla de ello desde el Estado, ni desde el actual gobierno.
Resulta que las transformaciones referentes al sector telecomunicaciones son de magnitudes tales que tanto en Europa como en EEUU, dicha legislación se encuentra en constante actualización. Aquí nadie verifica la calidad de los servicios de telecomunicaciones, el país es un paraíso para la inversión en telecomunicaciones y un infierno para el usuario de esos servicios, quien se ve obligado a aceptar las reglas del mercado sin derecho a nada.
En el ámbito de los bienes y servicios de consumo de primera necesidad denominados en conjunto bienes y servicios domiciliarios, la nación experimenta abusos al consumidor nunca antes vistos porque tanto el productor como el consumidor son expoliados por intermediarios protegidos desde el gobierno, en una doble vertiente, primero, los productores se ven obligados a vender a precios por debajo de los costos de producción, por tanto sin obtener ganancias mínimas y los consumidores se ven obligados a pagar precios exorbitantes por el mismo producto.
Ante ese estado de cosas en el mercado local, el movimiento consumerista nacional, sugiere a las autoridades asumir el doble etiquetado, es decir que los vendedores, por ejemplo, de productos agrícolas coloquen en la etiqueta de precios, queden obligados a decir a qué precio adquirieron los plátanos que venden a las amas de casas. Esto es: un etiquetado indicativo de cuanto se pagó al productor por un plátano y a cuanto ese mismo plátano, está siendo vendido al consumidor final. Con esta medida se podría observar la gran diferencia o especulación que se produce en el ámbito de la intermediación, se visualizaría su brutalidad y, entonces, los órganos de control del estado y los propios consumidores decidirían con base al derecho a elegir, si consumen o no un producto cuyo precio refleja a abusos contra el productor y abusos contra el consumidor.
El doble etiquetado no requiere de una ley, ni de una decisión administrativa porque el artículo 33 de la Ley 358-05, sobre los derechos del consumidor, se basta a sí mismo en esta materia. Lo que se requiere es de autoridades pro activas, no reactivas o que estén viendo opositores en cada sugerencia que le es presentada. Aun fuere el caso, el sistema democrático, tiene en la oposición la estabilidad sistémica adecuada para ayudar con base a la denominada gobernanza, al propio gobierno cuando es un gobierno con funcionarios respetuosos del derecho del consumidor como de la oposición. Pero, en el caso del movimiento consumerista, no ha lugar eso de oposición, sino de colaboración porque la finalidad es que localidad de vida del consumidor como del productor dominicano sean cada vez mejores, e impedir que el pequeño grupo de importadores cercanos siempre al gobierno de turno, hagan su agosto a expensas de productores y de consumidores.
En el caso de los electrodomésticos y de los autos que entran al mercado nacional está ocurriendo una desprotección total, no existen parámetros sobre las características vernáculas de los electrodomésticos que se venden en el merco nacional, una gran cantidad de televisores, lavadoras, neveras, etc., se venden sin ningún control de calidad, ni de garantía para el adquiriente ante la mirada cómplice de las autoridades de Pro Consumidor. Marcas desconocidas y sin especificaciones, ni sellos de garantía o de seguridad de parte del Estado, es un auténtico mercado libre. Los vehículos sean estos de combustión, híbridos y eléctricos, no son objeto de depuración alguna de parte de las autoridades correspondientes. Estos se limitan a reaccionar cuando la opinión pública se hace eco de un escándalo o estafa alucinante contra el consumidor. Pero ahí queda el asunto.
Las llamadas “marcas blancas”, tampoco son reguladas en calidad, ni en precio, quedan a opción de la oferta y la demanda. El dominicano es el único mercado (exceptuando) el de Haití, donde los comerciantes pueden actuar como si no existiere derecho del consumidor, derecho de competencia, ni autoridades reguladoras. La era de la piratería en el comercio ha sido reintroducida por el gobierno actual, a pesar de que la piratería en el Caribe hace siglos que desapareció, sin embargo, en RD, las autoridades piensan que ahora es cuando inicia.
Además, tal y como lo mostraron las elecciones municipales, ninguno de los candidatos tenía propuestas de políticas públicas específicas para el sector de los consumidores, es decir para la totalidad de las personas que habitan el país, porque todos somos consumidores. Igual ocurre con las elecciones de mayo 19 próxima, las propuestas no existen, el gobierno gasta millones en encuesta y la oposición trata de emitirle. Es una estafa al consumidor electoral la presentación de candidaturas sin propuestas porque la política es un debate de ideas, no de números de encuentras, ni de gastos electorales, lo que implica que la calidad de la democracia nacional, es todavía elemental.
La política de calidad del presente gobierno se ha quedado en el papel, no es tangible para nadie y la oposición nada hace al respecto. Es como si todos jugasen a imitarse una vez asumen el poder. La República Dominicana registra una de las tasas más altas, por ejemplo, en accidentes de tránsito porque aquí nadie mide la calidad del desplazamiento vial, ni la seguridad del transeúnte. A pesar de que se dice que Santo Domingo y toda República Dominicana son turísticas.
Ojalá el 15 de marzo del año entrante de 2025, encuentre al consumidor dominicano con políticas públicas tangibles y de protección al productor nacional. Para que, por ejemplo, el aniversario del asesinato de Orlando Martínez, ese pro hombre de la prensa nacional, no pase desapercibido. DLH-17-3-2024
