SANTO DOMINGO.- En un giro preocupante para la libertad de expresión, Miguel Ángel Ordóñez, reconocido periodista español y ganador del premio Ortega y Gasset de Periodismo, enfrenta una orden de arresto emitida por un juez interino en la República Dominicana. La medida, calificada por Ordóñez como "absolutamente arbitraria y abusiva", surge a raíz de la publicación de su libro "Negocios de bajos vuelos", en el que se critica la concesión de aeropuertos estatales a empresarios hispano-dominicanos.
La controversia comenzó cuando Jesús Barderas y Abraham Hazoury, empresarios mencionados en el libro de Ordóñez, interpusieron una querella en su contra por presuntos delitos de expresión y difusión del pensamiento. A pesar de que la publicación ocurrió en España y que Ordóñez reside en dicho país, la querella se presentó en tribunales dominicanos, aprovechando una breve estancia del periodista en Santo Domingo.
La situación se complicó cuando el juez interino Julián Antonio Vargas Luna, contraviniendo las instrucciones de la magistrada Milagros Mercedes Ramírez Cabrera para que Ordóñez fuera convocado regularmente a través del consulado en España, dictó una orden de arresto en su contra. Esta decisión ha generado alarma entre defensores de la libertad de prensa y el propio Ordóñez, quien ha denunciado la maniobra como un acto de mala fe y un claro intento de silenciarlo.
Ordóñez ha alertado a las autoridades europeas y españolas sobre esta situación, argumentando que no solo se viola su derecho a la libre expresión, sino que también se pone en duda la imparcialidad y justicia del sistema judicial dominicano. La querella exige una condena de cárcel y una indemnización millonaria, lo que ha llevado al periodista a considerar este caso como un ejemplo de manipulación de la justicia por parte de poderosos intereses económicos.
Esta situación no solo afecta a Miguel Ángel Ordóñez sino que también envía un mensaje preocupante sobre los riesgos que enfrentan los periodistas y escritores al exponer prácticas cuestionables. La comunidad internacional observa atentamente, esperando que se respeten los principios de libertad de expresión y se garantice un juicio justo e imparcial para Ordóñez.
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