PC cuestiona entrega de fondos extra-presupuestarios a partidos políticos.

La organización cívica rechaza la decisión gubernamental de asignar recursos no contemplados en el presupuesto de 2024 a los partidos políticos, calificándola de violatoria a la ley.

SANTO DOMINGO, República Dominicana – La organización no gubernamental Participación Ciudadana en un comunicado emitido este jueves considera como ilegal la decisión del Gobierno de entregar a los partidos políticos fondos que no estaban consignados en el presupuesto del año 2024. Este hecho ha generado una ola de críticas, ya que, según la entidad, contradice varios artículos de la Constitución y leyes que rigen el manejo de los recursos estatales.

Según Participación Ciudadana, la asignación presupuestaria para los partidos políticos en el año 2024 se realizó de manera consciente y en concordancia con la realidad económica del país, que limita la capacidad del Estado para satisfacer todas las asignaciones previstas por leyes especiales para diversas instituciones. La reducción presupuestaria, que también afectó a otras doce instituciones importantes, fue el resultado de un acuerdo entre los gobiernos de las últimas décadas y el Congreso Nacional, que no ha mostrado voluntad de realizar una reforma fiscal o modificar las leyes que establecen porcentajes fijos del presupuesto para ciertos entes.

La organización destaca que, según los principios constitucionales y legales, incluidos en los artículos 234 y 236 de la Constitución, y el artículo 11, literal g, de la Ley Orgánica de Presupuesto, cualquier traslado de recursos presupuestarios de una institución a otra, así como cualquier erogación de fondos públicos, debe estar autorizada por ley. Esto, argumentan, solo puede ser modificado por el Congreso Nacional a través de un presupuesto complementario presentado por el Gobierno central.

La decisión de utilizar recursos destinados a otros fines dentro del presupuesto de la JCE y la promesa del Poder Ejecutivo de reestablecer esos recursos son vistos como un atentado a la separación de poderes y un acto de ilegalidad. Participación Ciudadana advierte que esta medida sienta un peligroso precedente y exhorta al país a resolver estas violaciones anuales al presupuesto de manera institucional.

Finalmente, la organización aboga por una revisión futura de las condiciones y montos de financiamiento a partidos políticos establecidos en las leyes electorales y de partidos, enfatizando la necesidad de ajustar estos parámetros a la luz de los resultados obtenidos hasta la fecha. Sin embargo, reitera su posición de no apoyar violaciones a la legalidad, especialmente cuando estas benefician directamente al sector que toma las decisiones, en perjuicio de otras instituciones y sectores que enfrentan insuficiencias presupuestarias año tras año.