Ministerio Público intensifica acciones legales contra red de narcotráfico tras operativos exitosos
Santo Domingo. -En un movimiento decisivo dentro de la Fase II de la Operación Caimán, el Ministerio Público de la República Dominicana ha solicitado la prisión preventiva contra diez miembros de una red criminal acusados de delitos graves que incluyen asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego. Esta solicitud se acompaña de la petición para que el caso sea declarado como complejo, dada la naturaleza y el alcance de las operaciones de la banda.
Los implicados, Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas, enfrentan serias acusaciones luego de que fueran detenidos en un amplio operativo que incluyó la incautación de armas ilegales, vehículos, drones, embarcaciones, equipos de navegación y comunicación, y documentos que evidencian actividades de narcotráfico.
- La red criminal ha sido vinculada con el tráfico de drogas desde La Guajira, Alta Guajira en Colombia, hacia las costas del sur de República Dominicana. Durante la primera fase de la Operación Caimán, se ocuparon importantes cargamentos de clorhidrato de cocaína y se identificaron rutas y métodos de operación del grupo.
La Operación Caimán ha sido un esfuerzo conjunto entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, y cuenta con la cooperación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos. Este operativo integral se ha extendido por varias provincias, incluyendo acciones en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este, con más de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas desplegados en cerca de 40 allanamientos.
La solicitud de prisión preventiva y la clasificación del caso como complejo son pasos cruciales para asegurar un proceso legal adecuado y efectivo contra los acusados, reflejando el compromiso continuo de las autoridades dominicanas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.