La decisión revoca el fallo anterior que excluía a los dueños de acciones de la compañía en el proceso legal, marcando un precedente en la defensa de la propiedad y el derecho corporativo.
SANTO DOMINGO, 18 de abril de 2024 – En un giro significativo en el caso de fraude de terrenos que ha captado la atención nacional, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha anulado una decisión previa que impedía a los propietarios de las acciones de la compañía Costa Dorada actuar como querellantes en el caso contra Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Estos últimos son acusados de falsificar documentos societarios para apoderarse ilegalmente de aproximadamente 6.3 millones de metros cuadrados de valiosos terrenos costeros en Bahía de Calderas, Baní.
El fallo no solo incluye la admisión de las pruebas presentadas por las empresas querellantes, sino que también revoca la decisión que liberaba a Judith Franchesca Aguasvivas Báez de los cargos por falsificación societaria, mandando el caso a juicio.
Esta resolución judicial, que consta de 164 páginas, reafirma el derecho de los accionistas desposeídos a reclamar en justicia y establece un firme precedente en la tutela de los derechos corporativos y de propiedad en la República Dominicana.
La decisión ha sido recibida con júbilo por las partes afectadas, que vieron sus derechos vulnerados durante más de un año debido a múltiples recursos legales interpuestos por la defensa.
El licenciado Juan Tomás Vargas Decamps, representante legal de las empresas querellantes, destacó la importancia de esta victoria para el derecho de propiedad y la seguridad jurídica en el país. Por otro lado, el licenciado
Manuel Sierra Pérez, también representante de las víctimas, resaltó la gravedad de las acciones de los acusados, quienes incluso utilizaron nombres de personas fallecidas para cometer el fraude.
Este caso no solo subraya la importancia de la integridad en la gestión de documentos corporativos, sino que también refuerza la confianza en el sistema judicial dominicano para proteger los derechos de los inversores y empresarios frente a prácticas fraudulentas y usurpaciones.
La comunidad empresarial y legal observa con interés el desarrollo del juicio, programado para el 23 de abril de 2024, que promete ser un evento clave en la lucha contra el fraude y la corrupción en la nación.
