En un clima de creciente tensión, líderes del sector industrial del país exponen las ventajas injustas que enfrentan ante la evasión fiscal de establecimientos chinos.
Durante una entrevista en el programa "Esferas de Poder" de RNN Canal 27, los industriales dominicanos Manuel Cabrera y Julio Pineda expresaron su preocupación por la competencia desleal que enfrentan debido a los comerciantes chinos en el país. Según los empresarios, existe una disparidad significativa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales, lo que pone en desventaja a los locales.
Desigualdad en el Cumplimiento Fiscal
Los entrevistados subrayaron las acciones recientes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), que han cerrado varios establecimientos chinos por evasión de impuestos. Cabrera, ex presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, destacó la venta exclusiva de productos importados de China por parte de estos comerciantes, que no contribuyen a la industria local ni cumplen con las obligaciones fiscales, especialmente el ITBIS y los derechos aduanales.
Impacto en la Industria Nacional
Cabrera también comentó sobre el modo en que los comerciantes chinos subvaloran sus productos para pagar menos impuestos, vendiéndolos a precios que los industriales dominicanos no pueden competir, dada la carga tributaria que incluyen en sus precios. Añadió que este comportamiento no solo afecta la competencia justa sino que también perjudica los ingresos del Estado y la carga fiscal que recae sobre los industriales locales.
Problemas Laborales y Sociales
El uso de mano de obra haitiana no registrada y la rotación alta de empleados dominicanos para evitar obligaciones de seguridad social y prestaciones fueron otros puntos críticos mencionados. Estas prácticas aumentan las desventajas para los empresarios locales que cumplen con todas sus responsabilidades legales y fiscales.
Este panorama complica aún más la situación del mercado interno, haciendo un llamado urgente al Estado para reforzar la regulación y garantizar una competencia equitativa.
