Fiscalía busca revertir decisión judicial que podría cerrar el caso de corrupción vinculado a la venta ilegal de terrenos estatales.
SANTO DOMINGO.- En un nuevo giro en el caso Los Tres Brazos, el Ministerio Público anunció que apelará la reciente decisión del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la cual declaró extinta la acción penal por vencimiento de los plazos de investigación. Esta decisión afecta directamente el proceso en contra de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), y otros 16 implicados.
El fiscal José Miguel Marmolejos, quien lidera la representación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), criticó duramente la sentencia, asegurando que "no está apegada al derecho". Esta declaración se da en un contexto donde, hace apenas tres meses, la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional había mantenido en curso el proceso, desestimando un intento similar por parte de los acusados de cerrar el caso.
La controversia radica en la interpretación de los tiempos procesales y la aplicación de los mismos, lo cual fue aprovechado por los acusados para solicitar la extinción de la acción penal. El caso, que ha captado la atención pública, se centra en la venta irregular de terrenos en el sector de Santo Domingo Este, donde funcionarios y particulares están acusados de enajenar propiedades del Estado y presionar a los residentes a adquirir los lotes que habitaban desde hacía décadas.
Además de Almánzar, están involucrados en el caso figuras como Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional, entre otros. El caso también ha implicado a varias empresas, acusadas de participar en la trama corrupta para beneficiarse ilegalmente de la venta de los terrenos.
Esta no es la primera vez que el caso enfrenta obstáculos judiciales. En 2022, el exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue destituido tras emitir un auto de no ha lugar que beneficiaba a los acusados, decisión que fue objeto de críticas y posterior revisión.
El Ministerio Público, reforzado por los fiscales Wagner Cubilete y Rosa Pichardo, ahora espera que la apelación resulte en una revocación de la extinción, argumentando que la integridad del sistema judicial y el estado de derecho están en juego en este emblemático caso de corrupción administrativa.
