Aprobadas presencia de militares en patrullajes con la policía, penas más severas por terrorismo y un mayor control de armas en áreas cercanas a las cárceles.
El Ecuador ha dado un paso significativo hacia la mejora de la seguridad pública con la aprobación de medidas clave en la consulta popular y referendo propuesta por el presidente Daniel Noboa. Estas medidas, respaldadas por la mayoría de los ciudadanos, brindan al gobierno nuevas herramientas para abordar la escalada de violencia que ha afectado al país.
Al conocer los resultados preliminares del proceso consultivo, el presidente Noboa reconoció el respaldo ciudadano y expresó su compromiso de utilizar estas herramientas para combatir la delincuencia y restaurar la paz en los hogares ecuatorianos.
Entre las propuestas aprobadas se encuentran la presencia permanente de militares en patrullajes conjuntos con la policía, penas más severas por delitos como el terrorismo y el asesinato, y un mayor control de armas en áreas cercanas a las cárceles, recoge Prensa Latina.
A pesar de los desafíos que aún persisten, como el asesinato del director de una cárcel y un conato de motín en otra prisión durante la jornada electoral, el Ecuador ha demostrado un compromiso claro con la seguridad pública.
Algunas preguntas de la papeleta fueron rechazadas, como las relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional
Si bien algunas preguntas de la papeleta fueron rechazadas, como las relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional, el presidente Noboa ha reafirmado su compromiso de abordar las preocupaciones de la ciudadanía.
Para que estas medidas entren en vigor, será necesario un proceso legislativo en la Asamblea Nacional para elaborar los marcos regulatorios correspondientes.
Sin embargo, los expertos advierten que la implementación efectiva de estas medidas requerirá no solo acciones de seguridad, sino también medidas sociales para abordar la desigualdad y las causas subyacentes de la violencia.
La consulta popular y referendo en Ecuador refleja un mandato claro de la sociedad para fortalecer la seguridad pública. Ahora, el gobierno tiene la responsabilidad de convertir estos mandatos en acciones concretas que beneficien a todos los ecuatorianos y promuevan un ambiente de paz y seguridad en todo el país.
