El autor reitera su decisión de continuar luchando por un mejor sistema de seguridad social
Arismendi Diaz Santana
Durante 40 años de dedicación a la seguridad social he puesto mi granito de arena a lograr una mejor protección social para los dominicanos. Aun así, no estoy satisfecho y reitero mi decisión de continuar luchando, porque todavía estoy en deuda con el país por las oportunidades que me ha brindado
Hace 40 años que comencé a asesorar al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), gracias a su directora, la inolvidable Dra. Ligia Leroux de Ramírez. Ella tenía gran interés en renovar al Seguro Social, para entonces con cuatro décadas de retrasos y estancamientos.
Comencé con una semana de atraso debido a las protestas populares que se desarrollaron entre el 23 y 25 de abril del 1984, en la capital y el interior por los aumentos del costo de la vida, debido a las medidas del presidente Salvador Jorge Blanco, a raíz de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ligia Leroux estaba muy consciente del atraso del IDSS y muy impresionada por las reformas en Centroamérica. Por eso, a mediados de mayo, y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), me envió a Costa Rica y a Panamá para conocer las reformas de sus seguros sociales.
Quedé profundamente impactado por el gran dinamismo de sus directivos y del personal. Era palpable la vocación y dedicación de los médicos, dedicados durante 8 horas a atender a los afiliados. Allí descubrí una realidad sanitaria muy diferente a la nuestra y comprendí que era necesario impulsar un cambio en el IDSS.
Pude constatar la buena aceptación de los servicios públicos de los seguros sociales y de los ministerios de salud. Y, en consecuencia, la poca presencia de la medicina privada, prácticamente orientada a las familias de alto ingresos, a los ejecutivos de las grandes empresas, al cuerpo diplomático y a los consultores internacionales.
Comprendí que la alta privatización de la salud en nuestro país es una resultante de las tradicionales deficiencias de los servicios públicos. De un Seguro Social dominicano atrasado y excluyente, con una larga tradición de ineficiencia, clientelismo, politiquería y corrupción, y de una SESPAS igualmente deficiente.
En ese momento, los seguros sociales de Costa Rica como Panamá trabajaban en fortalecer las unidades de atención primaria en todo el país, y en integrar los hospitales del ministerio y del seguro social en una sola red nacional de salud, para elevar la cobertura y eficiencia.
Luego, la Dra. Leroux me envió a España a un curso de Altos Estudios en Seguridad Social. Mi tesis concluyó que todas las propuestas de reformas del IDSS fueron rechazadas porque obligaban a los afiliados a acudir a los hospitales públicos desacreditados, ignorando las preferencias de los afiliados por las igualas médicas y seguros de salud privados, lo que agudizaría aún más la doble cotización.
Más adelante, presenté varios estudios con críticas a la situación y propuestas de cambios del IDSS, recibiendo como respuesta la notificación vía alguacil del Dr. Ney Arias Lora, director de entonces, del término de mi contrato con el IDSS. De inmediato fui contratado por la OPS como consultor para Centroamérica, con asiento en Guatemala.
En Centroamérica recomendé varias modalidades de fortalecimiento para elevar la cobertura y la calidad de los servicios, porque esa era la principal demanda de la gran mayoría de la población satisfecha. En cambio, aquí mis recomendaciones fueron en otra dirección.
La población dominicana no favorecía una solución exclusivamente estatal, porque durante décadas había sufrido en carne propia el costo en salud y en dinero de las ineficiencias públicas. A pesar de un costo mayor, se sentía más cómoda acudiendo a los centros privados de salud. Y todavía es así.
Por lo tanto, la única forma de superar el viejo seguro social era construyendo un sistema de seguridad social universal, solidario, mixto y plural, con participación pública y privada en el aseguramiento y la provisión, bajo la conducción del Estado, garantizándoles la libre elección a los afiliados.
Como contrapeso, la Ley 87-01 privilegió al IDSS con recursos millonarios para que pudiera transformarse en una institución eficiente, capaz de ganarse la confianza de la población, y ni aún así fue posible. Lejos de reducirse, la politiquería, el clientelismo y la corrupción continuaron su agitado curso, obligando a las autoridades a decretar su eliminación.
Durante 40 años de dedicación a la seguridad social he puesto mi granito de arena en lograr una mejor protección social para los dominicanos. Aun así, no estoy satisfecho y reitero mi decisión de continuar luchando, porque todavía estoy en deuda con el país por todas las oportunidades que me ha brindado.
