Varian las medidas de coerción para cinco de los imputados, quienes ahora enfrentarán prisión domiciliaria
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público, ha extendido el plazo de las investigaciones relacionadas con la Operación Gavilán por un período de dos meses. Esta decisión permitirá al órgano acusador completar su acusación formal contra los implicados en este caso de manipulación de registros penales.
El juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez, quien presidió la audiencia, destacó la complejidad del caso y la calidad de las pruebas presentadas por los fiscales del Ministerio Público, Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
En virtud del artículo 228 del Código Procesal Penal, se decidió variar las medidas de coerción para cinco de los imputados, quienes ahora enfrentarán prisión domiciliaria y restricciones adicionales.
El juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez señaló que al extenderse el plazo de las indagatorias, el tribunal decidió variar la medida de coerción a Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana, quienes guardan prisión preventiva desde el 7 de agosto del año 2023.
A cambio, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional les impuso una garantía económica de un millón de pesos mediante una empresa aseguradora, impedimento de salida sin previa autorización judicial y prisión domiciliaria, al valorar que no presentan peligro de fuga, ni potestad para obstaculizar lo que resta de la investigación.
La Operación Gavilán
La Operación Gavilán, dirigida por el Ministerio Público, ha desarticulado una red criminal a nivel nacional que se dedicaba a borrar y alterar registros de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Se estima que esta red manipuló los registros de aproximadamente 17 mil personas, beneficiando a individuos involucrados en delitos graves como asesinato, tráfico de drogas y violencia de género.
Los imputados en este caso enfrentan acusaciones de adulterar registros penales y utilizar los fondos obtenidos de manera ilícita para adquirir bienes y servicios.
La extensión del plazo de las investigaciones permitirá al Ministerio Público fortalecer su caso y presentar una acusación sólida contra los responsables de estos actos criminales que socavan el sistema de justicia del país.
