Un informe revela un aumento del 42% en ataques durante los últimos cinco años
PARÍS – La violencia contra los periodistas que cubren temas medioambientales ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, reveló un informe de la UNESCO. Este viernes, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentó el estudio titulado "Press and Planet in Danger", que documenta 749 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación especializados en medio ambiente entre 2009 y 2023.
Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, destacó la gravedad de la situación: "Los periodistas en quienes confiamos para investigar sobre la crisis ambiental se enfrentan a riesgos inaceptables en todo el mundo", afirmó. Además, subrayó la proliferación de desinformación sobre la crisis climática en redes sociales, lo cual complica aún más la difusión de información científica fiable.
El informe identifica a los actores estatales como responsables de la mitad de los ataques, mientras que entidades privadas protagonizaron al menos una cuarta parte. Además, el documento señala que solo cinco de los 44 asesinatos de periodistas medioambientales han resultado en condenas, reflejando un alarmante índice de impunidad del casi 90%.
La UNESCO también destacó un notable aumento de ataques en años recientes, pasando de 85 incidentes entre 2014 y 2018 a 183 entre 2019 y 2023. La violencia no se limita a agresiones físicas; muchos periodistas también enfrentan censura y se ven obligados a recurrir a la autocensura por temor a represalias.
En respuesta a estos desafíos, la UNESCO está desarrollando una "hoja de ruta" contra la desinformación climática, que buscará involucrar a gobiernos, medios, académicos y plataformas digitales en la protección de los periodistas y la integridad de la información en línea sobre medio ambiente.
Además, Azoulay anunció la creación de un programa de subvenciones para ofrecer apoyo jurídico y técnico a más de 500 periodistas medioambientales perseguidos, junto con iniciativas para fomentar el pensamiento crítico y mejorar la regulación de las plataformas digitales respecto a la información climática.
