Iniciativa histórica asegura derechos de votación para reclusos no condenados en elecciones presidenciales del 19 de mayo
Santo Domingo.- En un desarrollo significativo para los derechos civiles en la República Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE), junto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), ha finalizado los preparativos para la implementación del voto penitenciario a nivel presidencial. Este hito refleja el cumplimiento de la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que garantiza el derecho al sufragio a los internos que aún no han recibido una condena irrevocable.
En una reunión crucial celebrada recientemente, funcionarios de alto rango discutieron los últimos detalles operativos y logísticos de este proceso electoral sin precedentes, programado para este domingo 19 de mayo. La coordinadora del Voto Penitenciario , Dolores Fernández Sánchez, reafirmó la importancia de esta iniciativa, destacándola como un avance significativo en los derechos humanos y la dignidad de los privados de libertad.
Los preparativos incluyen la presencia de observadores electorales tanto locales como internacionales, con la asistencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), asegurando así la transparencia y la equidad del proceso.
Mario Núñez, director de Elecciones de la JCE, explicó que el objetivo principal del voto penitenciario es garantizar el derecho al sufragio de los internos, priorizando la dignidad y la justicia sobre cualquier interés propagandístico. La logística detallada de las votaciones se ha planificado meticulosamente, con horarios establecidos para la instalación y el inicio de las votaciones en 21 recintos ubicados en 17 municipios, adaptándose a la cantidad de votantes en cada instalación.
Este proceso electoral en los recintos penitenciarios sigue la misma estructura que los colegios electorales ordinarios, con la fase del escrutinio siendo pública y permitiendo la grabación. La seguridad y la integridad del proceso estarán supervisadas por la Policía Militar Electoral, además de los delegados de los partidos políticos, asegurando un entorno electoral ordenado y justo.
Con estos esfuerzos, la JCE busca no solo cumplir con las obligaciones legales, sino también promover una participación más inclusiva en el proceso democrático del país, ofreciendo a todos los ciudadanos la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, independientemente de su situación legal. Este evento marca un paso crucial hacia una democracia más robusta y representativa en la República Dominicana.
