La red criminal utilizaba redes sociales como Tinder, Grindr, Bumble y Badoo para atraer a sus víctimas,entre ellos dominicanos y estadounidenses
La Unidad Antisecuestro, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, ha logrado que se dicten sentencias de 37 años de prisión contra los miembros de una red de secuestros exprés que operaba en los barrios de La Ciénaga y Guachupita, en el Distrito Nacional.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conformado por las magistradas Arlin B. Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, validó la acusación del Ministerio Público.
La acusación demostró que los integrantes de la red constituían una asociación de malhechores, implicada en robos agravados, violencia y porte ilegal de armas de fuego.
Gracias a la contundencia de las pruebas presentadas, el tribunal condenó a 15 años de prisión a Enmanuel Antonio Almarante Medrano y al ciudadano venezolano Yildre Mejía Villa Rue.
Asimismo, Yéssica Estrella Féliz recibió una condena de siete años de reclusión por su participación en la organización criminal que sembraba el terror en La Ciénaga y Guachupita.
Además de las penas de prisión, los condenados deberán indemnizar a las víctimas con cinco millones de pesos, quienes fueron representadas por la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
La red criminal utilizaba redes sociales como Tinder, Grindr, Bumble y Badoo para atraer a sus víctimas,entre ellos dominicanos y estadounidenses con la promesa de encuentros íntimos.
Además de las penas de prisión, los condenados deberán indemnizar a las víctimas con cinco millones de pesos
Una vez las víctimas llegaban al lugar acordado, eran interceptadas por hombres armados que les robaban sus pertenencias y restringían su libertad durante aproximadamente tres horas.
Entre los bienes robados se encuentran cadenas, guillos y anillos de oro, celulares iPhone, bocinas de vehículos tipo kitipó, dinero en efectivo y transferencias bancarias por un valor aproximado de un millón de pesos.
La colaboración del Ministerio Público con la Policía Nacional (Destacamento C2 de María Auxiliadora) y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI) permitió recuperar parte de los bienes robados, que habían sido vendidos en tiendas de compraventa y centros comerciales.
Las cinco víctimas, cuyos nombres se mantienen en anonimato para proteger su integridad, fueron sometidas a agresiones físicas, amenazas de muerte y maltratos psicológicos durante los hechos ocurridos entre el 10 de octubre y el 23 de diciembre de 2022.
La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, acompañada por el fiscal litigante Claudio Cordero, destacó la importancia de las investigaciones realizadas por la Unidad Antisecuestro, bajo la dirección de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.