En dos decisiones judiciales separadas, el Ministerio Público ha logrado imponer medidas de prisión preventiva a individuos involucrados en graves delitos: uno por su participación en una red de trata de personas y el otro por el asesinato y descuartizamiento de su expareja en San Cristóbal.
Prisión preventiva para integrante de red de trata de personas
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), ha asegurado tres meses de prisión preventiva para Kevin Yunior Escarramán, acusado de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. La medida fue impuesta por el juez Rigoberto Sena de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Escarramán, quien retenía a cinco mujeres extranjeras contra su voluntad para explotarlas sexualmente, fue capturado tras una investigación que comenzó el 21 de mayo de 2024. La investigación se inició cuando una víctima colombiana logró escapar y buscar ayuda en la Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR) en el Aeropuerto Internacional de las Américas.
En un allanamiento en el sector El Millón del Distrito Nacional, las autoridades rescataron a las víctimas y encontraron evidencia que incluía armas, dinero, y artículos relacionados con la explotación sexual. Escarramán será recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Tres meses de prisión preventiva para hombre que asesinó y descuartizó a su expareja
En otro caso, la Fiscalía de San Cristóbal logró imponer tres meses de prisión preventiva a José Osvaldo Cuevas, quien confesó haber asesinado y descuartizado a su expareja, Eduarda Díaz Guzmán. El crimen ocurrió en el sector Los Luna de Ingenio Nuevo.
Cuevas se presentó voluntariamente ante las autoridades el 25 de mayo y detalló cómo cometió el crimen, indicando que dispersó los restos de Díaz Guzmán en bolsas plásticas negras. Las autoridades confirmaron sus declaraciones al encontrar los restos en el lugar señalado.
La procuradora fiscal Ingrid Maribel Guerrero Polanco presentó evidencia convincente sobre la gravedad del crimen y el riesgo que representaría permitir a Cuevas permanecer en libertad durante el proceso judicial. La medida de coerción fue impuesta por el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal.
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