SANTO DOMINGO (República Dominicana) – En un impactante operativo, las autoridades dominicanas rescataron a cinco mujeres que eran explotadas sexualmente por un hombre que ahora enfrenta la justicia bajo las graves acusaciones de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Kevin Yunior Escarramán, el imputado, ha sido enviado a los tribunales y se le ha impuesto tres meses de prisión preventiva.
El Ministerio Público, en colaboración con la Policía Nacional, llevó a cabo un allanamiento en un apartamento en el sector El Millón del Distrito Nacional. En este lugar, encontraron a las cinco víctimas retenidas contra su voluntad, quienes eran trasladadas a distintos lugares para ser explotadas sexualmente. Los clientes pagaban sumas entre RD$3,000.00 y RD$4,000.00 pesos, así como entre 350 y 400 dólares.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó que Escarramán cumpliera la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Esta operación fue el resultado de una investigación iniciada el 21 de mayo de 2024, tras la denuncia de una víctima colombiana que logró escapar y alertó a las autoridades en el Aeropuerto Internacional de las Américas.
Durante el allanamiento, se encontraron varios celulares, lubricantes, preservativos, juguetes sexuales, sustancias controladas, recibos de transferencias bancarias y un vehículo Hyundai Sonata utilizado para el traslado de las víctimas.
La investigación y la operación fueron dirigidas por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con la representación de las fiscales María del Carmen de León, Aleika Almonte y Gina Matías, quienes presentaron la solicitud de prisión preventiva contra Escarramán.
Esta red criminal, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, es sancionada por los artículos de la ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La acción conjunta de las autoridades ha sido crucial para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia, marcando un paso significativo en la lucha contra la trata de personas en la República Dominicana.
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