Se concede seguro médico internacional a jueces de la SCJ activos y jubilados, extensivo a hijos mayores de edad. En cambio, los jueces de las demás instancias judiciales poseen un seguro regular
Santo Domingo, D.N., 4 de junio del 2024.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) criticó el hecho de que el Consejo del Poder Judicial haya contratado un seguro médico internacional exclusivamente para los jueces de la Suprema Corte de Justicia, activos y jubilados, incluyendo a sus hijos mayores de edad, privilegio del que no gozan los demás jueces de otras instancias judiciales.
La organización de la sociedad civil expresó su inconformidad a través de una comunicación enviada al Consejo del Poder Judicial el 3 de mayo del 2024, firmada por la Magistrada Ysis B. Muñiz Almonte, Jueza Presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y Presidenta en funciones de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (ASOJURD). En la misiva, Muñiz Almonte calificó la práctica como "bochornosa e ilegal" y solicitó que se tomen las acciones necesarias para eliminar dicha práctica.
“Recibimos la información, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia activos y pensionados cuentan con el beneficio de un Seguro Médico Internacional, así como su núcleo familiar, incluyendo los hijos mayores de edad. Esta práctica es injustificable, pues una vez que los hijos alcanzan la mayoría de edad, desaparece la obligación legal de manutención, por lo que resulta ilegal que el Consejo del Poder Judicial destine recursos a su beneficio”, indicó Muñiz Almonte en la carta.
Para el presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, medidas como estas, junto a los intentos de violación del escalafón de promociones de jueces y traslados irregulares, podrían provocar una profunda crisis en el servicio judicial, afectando la institucionalidad y el orden democrático. Por ello, llamó a la reflexión del presidente del órgano y de la Suprema Corte de Justicia para que descontinúen estas prácticas.
