El presidente asegura que los cambios buscan evitar la perpetuidad en el poder y establecer un ministerio público independiente.
Santo Domingo, 10 de junio de 2024 – En respuesta a las críticas de la oposición, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha reafirmado su compromiso con una reforma constitucional que limitaría la reelección presidencial y establecería un ministerio público independiente. Durante su comparecencia en "La Semanal", Abinader argumentó que su intención es fortalecer la democracia y prevenir que futuros presidentes se perpetúen en el poder.
Una reforma para fortalecer la democracia
El presidente Abinader explicó que su propuesta busca poner un "candado" constitucional para asegurar que ningún presidente pueda extender su mandato indefinidamente. "Eso es lo que yo quiero; esto sería el cambio a la Constitución que más va a ayudar a la democracia, que es ponerle un candado y lo quiero poner ahora en un momento que tenemos ya a partir del 16 de agosto, una mayoría absoluta en el Congreso", declaró.
Abinader subrayó que su administración tiene la oportunidad de implementar estas reformas en un contexto de poder político significativo, lo que, según él, ejemplifica su compromiso con la limitación del poder presidencial.
Respuestas a la oposición
La oposición ha expresado su desconfianza hacia las intenciones del presidente, sugiriendo que la verdadera motivación detrás de la reforma es habilitarse para una reelección futura. Abinader respondió a estas acusaciones diciendo:
El mandatario añadió que el tiempo confirmará sus verdaderas intenciones. "Si lo proponemos en un mes, sabremos si es lo que estoy diciendo ahora o es lo que ellos dicen", afirmó.
Ministerio Público Independiente
Además de limitar la reelección presidencial, la propuesta de Abinader incluye la creación de un ministerio público independiente, una medida que busca asegurar la imparcialidad y autonomía en la aplicación de la justicia. Este cambio es visto como un paso crucial para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar que el poder ejecutivo no interfiera en los procesos judiciales.