Capacitan a funcionarios en prevención de disputas internacionales

Funcionarios del Gobierno se benefician de un curso especializado en gestión de controversias internacionales, organizado en colaboración con la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y la PUCMM.

Santo Domingo. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en virtud de las atribuciones otorgadas por la Ley núm. 489-08 sobre arbitraje comercial, coordinó junto a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) y la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) el curso "Prevención, Génesis y Gestión de Controversias con el Estado".

El curso tuvo como objetivo capacitar a funcionarios de las áreas legales de las instituciones gubernamentales en la prevención de disputas internacionales, abordando estrategias y prácticas efectivas para evitar conflictos.

La ponencia estuvo a cargo de los abogados José Ricardo Feris, Raúl Mañón y John Adam, especialistas en arbitraje y litigios internacionales, socios de la firma Squire Patton Boggs, con oficinas en París y Miami. José Ricardo Feris lidera la Práctica de Resolución de Disputas Internacionales de la firma y posee una vasta experiencia en arbitraje comercial internacional, derecho internacional público y arbitraje de inversiones.

Raúl Mañón, con doble titulación en derecho civil y consuetudinario, enfoca su práctica en la resolución de disputas y litigios internacionales. John Adam, con una sólida trayectoria en arbitraje internacional comercial y de inversiones, ha actuado como representante legal en más de 100 casos, incluyendo numerosos en América Latina.

Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, expresó su gratitud por la convocatoria y destacó la importancia de fortalecer las herramientas y conocimientos de los funcionarios asistentes para prevenir disputas internacionales. Esta capacitación se enmarca en una serie de actividades formativas que la Consultoría Jurídica ha venido realizando en formato virtual, con el objetivo de mejorar las competencias legales de los funcionarios del Gobierno.