Escándalo Electoral en Santiago ya tiene primer resultado en la justicia 

Prisión preventiva a funcionario electoral que falsificó documentos para renunciar a cargo asignado por JCE en elecciones presidenciales

La Fiscalía de Santiago ha obtenido medidas de coerción contra Domingo Ramírez Rodríguez, acusado de cometer un grave delito electoral al falsificar documentos públicos y firmas de un juez. Ramírez Rodríguez intentó evadir la responsabilidad de presidir un Colegio Electoral durante las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, provocando un escándalo judicial en la provincia.

La jueza Stephanie Santiago Reyes de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso una garantía económica de $200 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país como medidas de coerción. La Fiscalía, representada por la fiscal Merary Guzmán, presentó pruebas contundentes que incluyen experticia y documentos que sustentan la acusación.

Ramírez Rodríguez presentó una renuncia extemporánea al cargo asignado por la Junta Central Electoral para presidir el Colegio Electoral 1018 en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), alegando un proceso de saneamiento en la provincia El Seibo. Sin embargo, la investigación reveló que los documentos presentados como justificación para su renuncia eran falsificados, incluyendo un aviso de requerimiento y un auto de emplazamiento con firmas alteradas.

Ramírez Rodríguez presentó una renuncia extemporánea al cargo asignado por la Junta Central Electoral para presidir el Colegio Electoral 1018 en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), alegando un proceso de saneamiento en la provincia El Seibo.

Además de la violación a la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23, Ramírez Rodríguez enfrenta cargos por falsedad en escritura pública, violando el Código Penal Dominicano, y por uso indebido de documentos públicos bajo la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología.

La Fiscalía también invoca el artículo 65 de la Ley Electoral, que prohíbe renuncias injustificadas a cargos electorales una vez aceptados voluntariamente.

Este caso representa un serio precedente en la lucha contra los delitos electorales en la República Dominicana, destacando la importancia de la integridad y transparencia en los procesos democráticos del país.