La anunciada reforma fiscal afectará a muchos sectores productivos, de bienes y servicios
Mucho se habla de la nueva reforma fiscal que pretende poner en ejecución el gobierno del presidente Luis Abinader, quien el 16 de agosto próximo asumirá un segundo mandato hasta el año 2028.
Aun no se ha puesto en ejecución esa medida, y la carestía de vida sigue indetenible, influenciada por el constante aumento de la prima del dólar, que está a punto de superar el 60 por 1.
El mandatario ha puesto la reforma fiscal como su primer punto de agenda a discutir con todos los sectores de la vida nacional.
Líderes políticos, grupos comerciales y empresariales, inclusive la jerarquía católica, han fijado sus posiciones al respecto, y planteado públicamente sus inquietudes, recomendaciones y sugerencias.
Sin embargo, aún no se ha escuchado opinión alguna de los diputados de ultramar, salientes y electos, sobre la reforma fiscal que se aproxima. Ni a favor ni en contra, a pesar de ser los dignos representantes de la diáspora en cada una de las tres circunscripciones.
Al parecer, creen que solo fueron elegidos para que disfruten de los altísimos beneficios que otorga ser miembro del Poder Legislativo.
A partir del 16 de agosto, la Cámara de Diputados recibirá en su seno a siete nuevos miembros que sustituirán a los que intentaron reelegirse. Los entrantes son todos miembros del oficialista Partido Revolucionario Moderno, y fueron elegidos por una minoría de votantes en el exterior, que en promedio los sufragantes no pasaron del 20 por ciento.
Estamos seguros que los nuevos diputados de ultramar no van con planes de legislar para eliminar el ‘barrilito’, ni para proponer leyes tendentes a eliminar impuestos fiscales que perjudican los bolsillos de los dominicanos.
Mucho menos para proponer se reduzcan las altas tarifas que se paga por la emisión de un pasaporte, de un acta notarial, un poder legal, un servicio de traducción de documentos, de apostillamiento, o nueva cédula de identificación personal, entre otros.
La anunciada reforma fiscal afectará a muchos sectores productivos, de bienes y servicios, y provocará el incremento de los precios de productos básicos para la alimentación, encareciendo aún más el alto costo de la vida en República Dominicana.
Con esa medida habrá más presión por parte de nuestros familiares, quienes requerirán el envío de un mayor aporte, para ellos paliar las dificultades económicas diarias que de por sí son insoportables.
Los dominicanos en el exterior trabajan muy duro para conseguir el dinero de pagar las elevadas rentas de apartamentos, el alto costo de alimentación, transporte público, energía eléctrica y teléfono, para luego sacar una partida para enviarlas a los familiares.
La diáspora es un poder político dormido que representa el 11% de los empadronados de la Junta Central Electoral para votar en el exterior, y que podrían decidir unas elecciones presidenciales. Pero esta no ha despertado para hacer realidad ese poder en sus manos.
Los dominicanos en la diáspora vienen a ser la espina dorsal de la economía dominicana, por los multimillonarios envíos de dólares que realizan cada año a través de las empresas remesadoras.
El presidente Abinader ha prometido eliminar la pobreza en su totalidad en este segundo cuatrienio que empieza el 16 agosto.
Podríamos asegurar que, dentro de sus planes, está el de ampliar los programas sociales gubernamentales a favor de los más pobres.
Una buena parte de los fondos para el financiamiento de esos programas sale de los aportes que realiza la diáspora con sus remesas que ayudan mucho a estabilizar la prima del dólar.
Otra ayuda directa a la economía familiar son las miles de cajas repletas de comestibles con productos valorados en más de $300 dólares cada una y que llegan de diferentes partes del mundo a hogares dominicanos por parte de la diáspora.
A República Dominicana se le reconoce como una de las economías de más rápida expansión en América Latina, por su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Es justo que se reconozca que esa realidad no es solo por las políticas económicas implementadas por el gobierno. Es también por los aportes de la diáspora, que sobrepasan los $10 mil millones de dólares al año
Que venga la reforma fiscal, pero que sea integral, justa para todos.
Pero que venga con verdaderos controles administrativos, para evitar la corrupción gubernamental y la evasión fiscal que impide al Estado el ingreso de miles de millones de pesos en impuestos que por ley deben pagar contribuyentes morosos protegidos por haber financiado campañas electorales, o por tener vínculos con sectores de poder en el tren gubernamental.
