La oposición emitió opiniones deslegitimadoras de las elecciones, sataniza la reforma fiscal y rechaza abiertamente que se revise la Constitución.
La modificación constitucional es una piedra enorme en el camino de las reformas, con un único doliente: el presidente Luis Abinader. El mandatario anunció en la campaña electoral que una vez triunfara, convocaría al liderazgo nacional para consensuar las reformas que entiende requiere el país, pero los principales partidos opositores han tomado distancia del referido proceso, desde antes de conocer las propuestas oficiales.
La oposición emitió opiniones deslegitimadoras de las elecciones, sataniza la reforma fiscal y rechaza abiertamente que se revise la Constitución, amenazando, incluso, con tomar las calles.
La reforma fiscal, realmente pacto fiscal, a partir de la ley Estrategia Nacional de Desarrollo, es un trago difícil, aplazada desde hace doce años, se entiende inevitable por los grandes déficits acumulados, el creciente endeudamiento y la necesidad de aumentar inversión pública.
Sectores sociales han adelantado sus posiciones sobre las reformas y expresado interés de participar de las discusiones en los diferentes espacios que se habiliten.
El interés se centra, además de la reforma fiscal, en la de seguridad social, laboral, salud y en el ámbito eléctrico, zona de desastre nacional. Hay abismos en muchos enfoques, pero cada participante fundamenta su postura y define, sin precisarlo en palabras, sus intereses.
Ningún sector desea ser gravado, y el gobierno está advertido de que debe afinar bien la puntería para evitar que, las naturales quejas de afectados, deriven en un estallido social condimentado por algunos partidos.
Lo que no se entiende, es que a estos problemas naturales de los procesos de reformas, sobre todo, cuando se mencionan reestructuraciones fiscales o tributarias, Abinader insista en agregar una reforma constitucional, de la que los opositores recelan y extreman posturas.
El mandatario persiste en la necesidad de lograr la independencia absoluta del ministerio público y de colocar “candados” a la reelección presidencial, argumentos refutados por adversarios. Alegan que Abinadería querría quitar las restricciones ya existentes a la reelección presidencial y sostienen que el ordenamiento legal actual garantiza la independencia de los fiscales.
El tema, primero en el orden diseñado por el Abinader se erige como un enorme muro, que dificulta el trabajo a quienes deben lubricar las reformas en los diferentes escenarios y a los líderes congresuales conocedores de la importancia de las aprobaciones sumando otros colores partidarios.
Además, facilita la labor opositora, en momentos en que es difícil convencer a los ciudadanos de la urgencia de una reforma constitucional.
Entre los actores oficiales, solo el mandatario luce centrado en el tema, y claro, es un político validado con un 57 por ciento de votantes y firma los decretos…
Lo lógico es centrar las energías en la reforma fiscal y el lío de las distribuidoras de electricidad y dejar los posibles cambios constitucionales para mediados de período, si el presidente continúa con la intención.
Una propuesta interesante en este tenor, es la de Servio Tulio Castaños, presidente de Finjus, quien sugiere una comisión de juristas, que hasta podría encabezarla el Consultor del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta para realizar las consultas y moderar las discusiones. En dos años, podría haber un mejor clima.
En el nivel partidario, quizás sea más aconsejable este camino, ya que los jóvenes aspirantes tendrían la contención de un mandatario que podría estar habilitado y pudiera faltar a su palabra, como otros. (Particularmente le creo cuando Abinader dice que no intentaría un tercer mandato, pero lamentablemente, la tradición política criolla juega en su contra. Presumo que los creyentes no constituimos mayoría).
Se espera que el Abinader presente formalmente las reformas en un discurso al país en los próximos días. Ojalá que para esa fecha haya frenado a los recaudadores de línea dura.
