El presidente pudo haber asumido una postura de principios, es decir emular al fundador de la república, a Juan Bosch, a Peña Gómez y a Hatuey Decamps.
El presidente de la república hizo su impronta en la política vernácula nacional, ofertando “cambio” pero, vistos los hechos, ha entrado al círculo de los políticos tradicionales del país, cuyas ideas políticas se inscriben dentro del marco de las ideas medievales de Nicolás Maquiavelo y del señor Robert Green, en lo referente a las posiciones de estos pensadores sobre la utilidad de la mentira como herramienta de la actividad política. Ahí queda envuelto cierto conservadurismo de la caverna porque se dice al pueblo una cosa, pero, se sigue trabajando para que los sectores dominantes sigan amasando fortunas sin pagar impuestos, sin una adecuada mejora en la calidad de la democracia, de los servicios públicos, de los salarios, de los derechos fundamentales, etc., Es decir, el país sigue sin ofertas políticas con contenido equitativos y sin una democracia de calidad.
El presidente pudo haber asumido una postura de principios, es decir emular al fundador de la república, a Juan Bosch, a Peña Gómez y a Hatuey Decamps, en lo referente a cortar de raíz el problema histórico del constitucionalismo dominicano, el cual, siempre ha estado amenazado por la sombra de la repostulación presidencial desde el poder. Es decir, el problema no es la reelección, el problema es el continuismo, el cual pretende ser abordado con más continuismo. De modo que, el presidente, ha pasado a cerrar filas con Santana, con Báez, con Lilís, con Balaguer. Esto es: ha echado a un lado la tradición liberal para asumir la posición de los conservadores. Más aún, el presidente se ha inscrito dentro de los presidentes montoneros o de la manigua constitucional, en el sentido de que toman decisiones que conspiran contra sus propios gobiernos y contra la paz social.
Esto así, porque insiste en una reforma constitucional que ningún sector social le ha solicitado pero que, como las anteriores, pretende legislar para sí mismo. Todos saben que bajar del 50 más uno crea inestabilidad política porque permite que un gobierno de minoría gobierne sobre una mayoría en la oposición; unificar las elecciones, implica, cercenar la posibilidad de que los gobiernos municipales creen liderazgos propios, impide que la democracia se asiente en las alcaldías en contradicción directa con el criterio de Juan Pablo Duarte sobre este punto. Es una contra reforma porque es volver al voto de arrastre el cual constituye la base bajo la que opera y se perpetúa el caudillismo.
Afirmar que el ministerio público no es independiente, sin primero dotarlo del adecuado presupuesto, es reivindicar a Robert Green. Es una burla porque el ministerio de justicia propuesto no es más que más burocracia. Además, vista la escogencia de los jueces del Poder Judicial, como del poder jurisdiccional, realizada por el presidente por intermedio del concerniente órgano colegiado constitucional, o la escogencia del Defensor del Pueblo, de la Cámara de Cuentas, etc., constituye un ejercicio de hipocresía que raya en el abuso de poder. Por tanto, la reforma deviene en conservadora, inútil, conspirativa contra el establishment e innecesaria. En pocas palabras, es un retroceso que nos retrotrae en los mejores momentos de la montonera y la manigua que brillantemente narra Francisco Moscoso Puello y, que le obligó a abrazar el ideal del denominado pesimismo dominicano.
Esa manigua, ese montonerismo, nos legó, entre otros daños sociales y políticos, una intervención extranjera, 31 años de dictadura y el descredito de los partidos políticos y de la democracia. Porque cuando la constitución se convierte en un instrumento puesto al servicio del gobernante de turno, ocurre lo que los revolucionarios franceses tasaron como artículo 16 de la constitución declaración de derechos ciudadanos universales, esto es: que donde no hay división de poderes, no hay constitución.
En la época actual, no solo se busca que haya constitución, se busca también que, la misma, sea parte de la cultura popular. Para que sea parte de la cultura del pueblo, requiere de la estabilidad necesaria y suficiente como para que el imaginario popular, la entienda sagrada, para ser sagrada requiere ser intocable, para ser intocable, no puede ser manoseada y abusada por el gobernante de turno. Requiere que los poetas que Platón expulsó de su república, la conviertan en versos sacros, que la música popular le rinda pleitesía, en una palabra, que, la población sepa que es la base de los derechos fundamentales que posee y, de los cuales son deudores frente a ella, los gobernantes. Que esos derechos son de carácter expansivos mientras que los derechos de los gobernantes son de carácter progresivamente restringidos.
No por accidente, las naciones anglosajonas, a diferencia del derecho continental, basan su derecho, en los usos y costumbres de su población. Ahí es donde está el detalle de la diferencia entre derecho continental y el common law. La tendencia actual, de los países de democracia en desarrollo es, a lo que se ha dado en llamar “la americanización del derecho”, en el entendido de que los usos y costumbres son considerados la fuente esencial del derecho, de ahí los esfuerzos para hacer que el derecho positivo pase a formar parte del folklor, de ahí la tendencia a rechazar el lenguaje técnico jurídico para asumir el lenguaje coloquial como lenguaje jurídico. Para que la ley positiva se transforme en uso y costumbre el factor tiempo resulta determinante. No puede calar allí donde constantemente se están haciendo cambios. Si bien existen naciones con hiperinflación legislativa y reformas constitucionales, esto ocurre allí donde ya existe unos usos y costumbres convertidos en ley positivada y un desarrollo democrático consolidado.
En lugar de hablar de reforma constitucional, es preciso, invertir en educación y en cultura y enlazar estas con el turismo y con el derecho. La educación transforma al ser humano y produce movilización social, la cultura es la esencia, la identidad de un pueblo; el turismo permite el intercambio de valores culturales entre los pueblos. De ahí que los más desarrollados pueden presentar a los no tan desarrollados, sus experiencias en diversos renglones del bienestar social y constitucional. La puesta en funcionamiento de los tribunales administrativos de primer grado no requieren de reforma constitucional y constituyen el cambio de mayor impacto en el constitucionalismo nacional porque, a partir de ellos, la administración o gobierno dejaría de estar fuera de ley y, el tema de la corrupción y el de la rendición de cuentas, tendrían un cauce institucional que permitiría su control definitivo.
No por cualidad la Guerra de 1965, más que una revolución social, fue una guerra por la constitucionalidad arrancada al pueblo. Este hecho se soslaya, se minimiza y se trata de destruir cada vez que se habla de reformas a la constitución y, en los hechos, luego del Golpe de Estado del 63, la exclusión de la constitución de entonces fue el primer acto del gobierno de facto y la Intervención foránea del 65 se realizó para borrar la constitución del 63 y la posibilidad de retorno de Bosch al poder, se operó una contra reforma constitucional con la Constitución del 66. Ahora, probablemente, se busque disminuir el impacto social de la constitución de 2010, como ya se hizo en 2015.
¿Por qué no se habla de las más de cien leyes que han de ser promulgadas para viabilizar la constitución vigente? ¿Por qué no se habla de la ley sobre referéndum, sobre la ley procesal de lo contencioso administrativo? Se habla solo de temas baladíes o de interés para los gobernantes nunca para ampliar derechos de los gobernados. Por tanto, la nación debe asumir una postura de madurez constitucional contra la manigua constitucional y la montonera venga de donde venga. Aun en el caso recurrente, de que pretenda vestirse de oveja y venir en papel de aluminio. DLH-16-6-2024
