Más de 50 oficinas de abogados representan a imputados en casos de criminalidad organizada que han firmado acuerdos de culpabilidad
El Ministerio Público ha informado que, debido a la solidez de las pruebas, más de 50 oficinas de abogados han representado a implicados en casos de criminalidad organizada que han firmado acuerdos de culpabilidad. Todos estos acuerdos han sido presentados ante los tribunales, y en ningún caso han participado personas en nómina de la institución persecutora del delito.
Sostiene que desde 2020, bajo la dirección de la procuradora general Miriam Germán Brito, el Ministerio Público ha garantizado un manejo extremadamente cuidadoso y transparente de los acuerdos. Estos acuerdos han sido judicializados y elaborados conforme a la ley, sin aceptar intermediarios.
Asegura que cada abogado ha sido testigo de que los documentos deben basarse en la verdad, ser voluntarios y resultado de una cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente.
El Ministerio Público ha enfatizado que los acuerdos con 52 oficinas de abogados han permitido el decomiso de activos como bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados, desmintiendo categóricamente la realización de acuerdos para recibir cesiones u obras futuras.
Indica que las denuncias en contrario son vistas como medidas desesperadas de algunos acusados que han lanzado campañas con informaciones falsas.
Explica que señalar que miembros del nivel medio de una estructura criminal son responsables de la mayor parte de los recursos desviados, cuando las pruebas indican lo contrario, es pedirle al órgano acusador que se sume a la impunidad frente a la corrupción.
En un comunicado reciente, el Ministerio Público reconoció el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, pero calificó de deshonesto y poco profesional hacerlo deliberadamente con mentiras.
Explica que señalar que miembros del nivel medio de una estructura criminal son responsables de la mayor parte de los recursos desviados, cuando las pruebas indican lo contrario, es pedirle al órgano acusador que se sume a la impunidad frente a la corrupción.
El Ministerio Público no se dejará intimidar por campañas nacionales o internacionales, lobistas o voces afines. Las campañas contra el órgano persecutor tienen características de no ser financiadas con recursos lícitos, lo que obliga a tomar medidas cautelares para evitar que se obstruyan los procesos.
Un caso citado de manipulación involucra a una exempleada contratada a través de una firma consultora externa de gestión humana. Esta persona, que no ha trabajado en el Ministerio Público durante meses, nunca tuvo relación con las áreas de persecución. Además, el Ministerio Público no ha firmado acuerdos con la oficina donde laboró esta exempleada.
El Ministerio Público subrayó que los acuerdos de culpabilidad se realizan en todas las materias, siempre amparados en la normativa procesal penal, y son esenciales para desmantelar las cabezas de organizaciones criminales. Ejemplos de esta práctica se encuentran en países como Italia, Colombia, Estados Unidos, Chile, y Costa Rica.
Las acusaciones del Ministerio Público son públicas en la etapa procesal correspondiente y estarán disponibles en su portal de transparencia, permitiendo a la sociedad determinar quién miente con base en pruebas.
La normativa procesal penal dominicana incluye varios procedimientos especiales para buscar soluciones alternas, como el procedimiento penal abreviado, la mediación, y los criterios de oportunidad.
Finalmente, el Ministerio Público reitera su compromiso de perseguir todos los delitos sin importar quiénes los cometan, conforme a la ley y la transparencia que han caracterizado su gestión.
