Manuel Fermín Cabral aclara el rol de Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña en la investigación.
Santo Domingo, Distrito Nacional, 27 de junio de 2024.- El jurista Manuel Fermín Cabral, abogado de Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, implicados en la Operación Calamar, negó categóricamente que sus representados vayan a ser beneficiados con la contratación de obras públicas futuras a cambio de información. Cabral precisó que desde el inicio de las investigaciones, ellos acudieron voluntariamente ante la Procuraduría General de la República para aclarar su participación en el caso.
Fermín García expuso que sus defendidos siempre han actuado apegados a la verdad y que, tras la verificación de sus declaraciones, se estableció un esquema de colaboración con la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la condición de que la información proporcionada pudiera ser corroborada mediante otros medios de prueba.
El abogado subrayó que sus representados no tienen ninguna vinculación con el “Grupo Cat”, empresa supuestamente contratada para un mecanismo de pago con “obras futuras”, y que nunca han discutido con la Procuraduría la posibilidad de un acuerdo de esta naturaleza.
Cabral explicó que fue una decisión voluntaria de sus defendidos devolver íntegramente las ganancias recibidas por concepto de expropiaciones, reflejándose en los acuerdos establecidos. Asimismo, desmintió que la empresa Trossachs Enterprises recibiera pagos del Estado dominicano a través del mecanismo de expropiaciones por 7,615 millones de pesos. Afirmó que todos los pagos recibidos por Trossachs Enterprises correspondieron a trabajos de infraestructuras ejecutadas y entregadas a la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La empresa, constituida en 2014, solo tuvo la participación de la oficina de abogados Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández en su constitución y documentación societaria. En cuanto a la empresa Trossachs Enterprises, desmintió que la misma recibiera pagos del Estado dominicano a través del mecanismo de pago de expropiaciones ascendentes a un monto de 7,615 millones de pesos.
Fermín García añadió que sus representados no conocen a Lilly Acevedo Gómez, y que nunca han tenido contacto con la Secretaría General de la Procuraduría. Negó también que Crisóstomo y Ureña fueran beneficiarios del “Programa de financiamiento de contratistas del Estado” de 21,000 millones de pesos, aclarando que no tuvieron participación en su estructuración o ejecución.
El abogado enfatizó que Crisóstomo y Ureña no fueron actores claves en la estructura imputada por el Ministerio Público, ya que no eran funcionarios públicos y no tenían atribuciones para tomar decisiones. La participación de Fernando Crisóstomo Herrera se limitó a la gestión del cobro de acreencias estatales, actividad que desarrollaba desde hace años a través de sus empresas.
