La PETT señala que las víctimas también eran obligadas a distribuir sustancias narcóticas
El Ministerio Público de la República Dominicana, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), logró la imposición de medidas de coerción contra tres ciudadanos venezolanos. Estos individuos son acusados de pertenecer a una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas mediante explotación sexual, desarticulada en la Operación MC Girasol.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva de tres meses a los imputados Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz y Mario Jose May Mendoza. A Jhorman Derek Cortes Solano se le impuso una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.
En la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas que justificaban la necesidad de imponer medidas para garantizar que los imputados no se sustraerían del proceso judicial.
Rescate de víctimas y descubrimiento de narcotráfico
Los imputados fueron arrestados tras el rescate de tres víctimas extranjeras, quienes denunciaron haber sido encerradas, maltratadas física y emocionalmente, y obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Además, se reveló que las víctimas también eran forzadas a vender y distribuir drogas entre los clientes de la red criminal.
La investigación mostró que la red captaba víctimas bajo la promesa de trabajo, pero una vez en el país, se les informaba de una deuda de cuatro mil dólares, la cual debían pagar ofreciendo servicios sexuales. Las víctimas eran ofrecidas a través de catálogos digitales en la red social WhatsApp.
Allanamiento y pruebas recolectadas
Durante un allanamiento en el Distrito Nacional, el Ministerio Público arrestó a los imputados y recolectó diversas drogas ilegales. La investigación continúa para desmantelar completamente la operación de la red.
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos como trata de personas con fines de explotación sexual agravada, por tratarse de una organización criminal y la multiplicidad de víctimas.
Estas acciones están tipificadas y sancionadas por los artículos 1 (literales a y h), 3 y 7 (literales b y c) de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz cumplirá su medida en Najayo Mujeres, mientras que Mario Jose May Mendoza lo hará en el CCR-17 del mismo centro penitenciario.
