La Fiscalía de Perú ha presentado este lunes una solicitud de pena de 30 años de prisión contra Keiko Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular y excandidata presidencial, así como otros imputados, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el caso conocido como 'Cócteles'.
El fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, ha manifestado que las diligencias ya están en marcha y ha urgido la instalación de un juicio oral para sustentar las acusaciones contra Fujimori, que considera "inaplazables".
Junto a Keiko Fujimori, figuran entre los imputados su exmarido Mark Vito, exdirigentes del partido como José Chlimper, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Ana Hertz, así como la propia organización política y la empresa MVV Bienes Raíces, entre otros.
Junto a Keiko Fujimori, figuran entre los imputados su exmarido Mark Vito, exdirigentes del partido como José Chlimper, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Ana Hertz, así como la propia organización política y la empresa MVV Bienes Raíces, entre otros.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, ha presentado un recurso para anular el auto de enjuiciamiento y evitar que su defendida sea juzgada en este caso, según reporta el diario 'El Comercio'.
Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos 'Odebrecht' y 'Lava Jato', ha acusado a Keiko Fujimori de intentar manipular el sistema judicial para modificar testimonios recogidos. "Estamos frente a graves acusaciones de organización criminal, donde la señora Fujimori ha intentado obstaculizar el proceso", ha afirmado.
La estrategia, conocida como 'pitufeo', consistía en fragmentar ilegalmente las contribuciones en pequeñas sumas para eludir los controles bancarios.
Según la investigación fiscal, durante las campañas electorales de 2011 y 2016, Fuerza Popular habría organizado eventos de recaudación de fondos llamados 'cócteles', que en realidad servían como fachada para blanquear dinero proveniente de fuentes irregulares.
La estrategia, conocida como 'pitufeo', consistía en fragmentar ilegalmente las contribuciones en pequeñas sumas para eludir los controles bancarios.
La solicitud de pena y la petición de disolución del partido marcan un nuevo capítulo en el complejo entramado legal que rodea a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, con repercusiones significativas para el panorama político y judicial del país. Con datos de Europa Press
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